Este grupo de vecinos exige a José Manuel Bermúdez que rectifique sus palabras ya que no está en contra de los actos tradicionales del Carnaval en el centro histórico, sino “única y exclusivamente del macrobotellón”, con quioscos de música a todo volumen. Además, la asociación tacha de “inaudito” que el regidor municipal anuncie que promoverá un cambio legislativo para impedir la ejecución de una sentencia judicial firme.
La Asociación El Perenquén, que representa a vecinos del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife, se ve obligada a “desmentir de forma rotunda” las declaraciones del alcalde, José Manuel Bermúdez, publicadas en El DIA y luego reproducidas en otros medios, en las que atribuye a este colectivo un supuesto intento de “destruir el Carnaval” y sus “valores históricos y culturales, y sus espacios tradicionales” , como la plaza de La Candelaria, El Príncipe o la avenida marítima, lo que a su vez alega el regidor municipal como justificación para promover, en defensa de esta celebración, que se reformen leyes en el Parlamento y se la declare Patrimonio Inmaterial mundial.
El Perenquén lamenta que un representante de todos los ciudadanos “tergiverse de esa forma el legítimo derecho de vecinos del centro histórico a plantear que se sitúen unos cientos de metros más abajo determinados actos nocturnos, concretamente los macrobotellones con quioscos que emiten música a niveles de ruido superiores a los permitidos legalmente, y que no forman parte de la tradición del Carnaval chicharrero, ni por su estilo, ni por su nivel de ruido, pero mucho menos por su ubicación actual hasta la plaza de Weyler y la calle de Méndez Núñez”.
“En ningún caso la asociación ha planteado que no se celebren actos tradicionales del Carnaval en dichas plazas y calles – incluyendo orquestas, actuaciones de agrupaciones carnavaleras como rondallas murgas o comparsas- ni, en el conjunto del centro histórico, cabalgatas, concursos de disfraces, actuaciones por la calle y en general actos que sí constituyen “valores culturales e históricos” de esta fiesta.
Es más, en todos los comunicados y actos públicos de esta asociación, ha quedado claro que sus integrantes defienden el Carnaval tradicional, y limitan su petición “única y exclusivamente” a las citadas actividades nocturnas más ruidosas, que deben volver adonde siempre estuvieron, en el entorno de la plaza de España más próximo a la zona puerto ciudad, con la ventaja de que ahora existen más espacios libres y la posibilidad de que se utilice la gran explanada portuaria que hay frente al Cabildo.
Por tanto, asegura este colectivo, “solamente pedimos que estas aglomeraciones específicas de personas que originan descontrol de seguridad, exceso de ruido, destrozos, suciedad, que usan los portales como si fueran WC, que impiden la movilidad de los vecinos, se lleven a cabo en otra zona e incluso proponemos un espacio como alternativa”.
A la asociación le resulta cuanto menos “asombroso e inaudito” que el alcalde haya anunciado que promoverá a través del grupo parlamentario de CC una reforma legislativa ad hoc para proteger el Carnaval y evitar la ejecución de una sentencia judicial dictada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que exige medidas correctoras para asegurar el derechos al descanso de los vecinos con el derecho al ocio, incluyendo la de contemplar el traslado del macrobotellón fuera de zona residencial. La asociación se pregunta, y entiende que es una duda razonable, “si acaso es lícito cambiar leyes para que no se cumplan sentencias firmes que no se están ejecutando de forma satisfactoria ni se cumple la Ley de Espectáculos Públicos ni la Ley del Ruido”.
Igual de sorprendente resulta para la asociación que el regidor municipal haya manifestado que ha dado instrucciones al secretario del Pleno para que realice dicha propuesta de modificación de la normativa que luego promovería CC en el Parlamento, en lo que constituye una inaceptable utilización partidista de recursos públicos, si nos atenemos a lo expresado en el El Día.
“UNA INJUSTA PROVOCACIÓN A QUIENES SOLO DEFENDEMOS UN DERECHO”
Las declaraciones de Bermúdez suponen, para El Perenquén, una “injusta provocación” a esta asociación, que “habla también en nombre de ancianos y personas enfermas que se merecen un respeto”, pues desde el primer momento estos vecinos han dejado claro que solo recurrirán a la vía judicial para ejecución de sentencia si no existe voluntad de diálogo por parte del Ayuntamiento, e incluso han anunciado que después de las elecciones buscarían el consenso entre los distintos grupos políticos municipales.
En cambio, el alcalde ya da por hecho en estas manifestaciones públicas que se pedirá la ejecución de la sentencia, situando a El Perenquén como una especie de intolerante enemiga del Carnaval, cuando es el Ayuntamiento el que se ha saltado los niveles de ruido en determinadas calles y no ha informado a los vecinos del plan de evacuación en la zona centro, ni ha dado alternativa habitacional a personas enfermas y ancianos a los que perjudica el nivel de ruido en sus viviendas en esas madrugadas de macrobotellón.
“Un alcalde no puede enfrentar así a unos vecinos contra otros, debe buscar vías de diálogo, pues tan alcalde es de quienes disfrutan de los macrobotellones como de quienes exigen que se concilien con el derecho al descanso de los vecinos del cuadrilátero del Carnaval, y desde luego, debe respetar la hoja de ruta que ha planteado el TSJC”, asegura esta asociación.
El Perenquén no pretende, como afirma el alcalde, que “una persona no se pueda tomar un refresco en la calle en Carnaval”, pues la propuesta de este colectivo “no supone reivindicar un silencio sepulcral en el centro histórico ni el cierre de bares ni restaurantes en Carnaval, sino que se traslade hacia el frente marítimo el ruido que ahora, desde Méndez Núñez hasta Robayna, provocan los quioscos a todo volumen y en donde precisamente no son refrescos lo que toman los carnavaleros, pues por definición, macrobotellón, como bien sabe el alcalde, implica el consumo masivo de alcohol”.
Por último, El Perenquén exige al alcalde una rectificación de sus palabras, al constituir una “inaceptable manipulación” de las verdaderas intenciones de este grupo de vecinos “impropia del cargo de responsabilidad que ostenta y que merecen un respeto que el alcalde no ha tenido con estas manifestaciones”.
