Por Óscar Izquierdo (*) | La edificación en España y particularmente en Canarias tiene un preocupante grado de obsolescencia. Datos suficientemente contrastados y verídicos, señalan que más de la mitad del parque edificatorio se construyó antes de 1980, como es obvio por la fecha, sin criterios de eficiencia energética, ni accesibilidad y menos, con las estrictas y siempre buenas exigencias del Código Técnico de la Edificación. Estas viviendas, ya pasadas de moda, presentan graves carencias en aislamiento térmico, instalaciones eléctricas o de fontanería, lo que genera un alto consumo energético y un deterioro progresivo de la calidad de vida, a la vez individual o colectiva de los vecinos y sobre todo, para su seguridad.

Se nota visualmente especialmente en los barrios más antiguos y con población envejecida, donde cada reunión de la Comunidad de Propietarios se convierte en una batalla campal a la hora de programar actuaciones, si no son urgentes, por la precariedad económica de los residentes, su avanzada edad y jubilación, que siempre acarrea, con toda la razón, temores económicos. Modernizar el parque inmobiliario no es sólo una cuestión estética, sino una prioridad social y ambiental, más un estímulo económico, sobre todo para las pymes, microempresas y autónomos. La rehabilitación energética, con una accesibilidad universal y la mejora de la habitabilidad deben convertirse en prioridades de las políticas públicas. Renovar integralmente lo anticuado es una inversión imprescindible para el presente, aumentando el valor patrimonial del inmueble donde se han ejecutado obras actualizadoras, haciendo más digna la vida.

La reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, tanto del parque edificatorio como de los espacios públicos es la plasmación dentro del sector de la construcción de la economía circular, donde se construye sobre la ya construido, que con el paso de los años se encuentra viejo, peligroso y fuera de toda política medioambiental aceptable y necesaria.  Además, estas actuaciones dinamizan la economía por la cantidad de agentes, de muchos sectores económicos que tienen su parte alícuota de participación en este proceso, siempre positivo, de renovación. Es muy importante destacar también su especial protagonismo en la conservación del patrimonio arquitectónico y sobre todo, en aquellos cascos históricos, que siempre tienen que ser mimados para que su conservación sea suficiente y plena.

Incorporar la eficiencia energética, reforzar la seguridad estructural, adaptar los espacios a las nuevas necesidades familiares y sobre todo, alargar la vida útil de los inmuebles, significa estar en sintonía con las políticas impuestas desde la Unión Europea sobre sostenibilidad, especialmente el siempre defendible Pacto Verde. Reformar, rehabilitar o ejecutar obras de equipamiento comunitario y de revulsivos en los espacios públicos, significa mucho más que renovar su aspecto estético o modernizar sus instalaciones, implica aceptar y hacer propias las políticas europeas de sostenibilidad, con la transformación en un modelo más eficiente y menos contaminante en cualquier núcleo, que implementa de esta manera una regeneración urbana que se precie de estar al día, es decir, de ser útil.

Las intervenciones integrales, que precisamente son las que hay que perseguir, conseguir y ejecutar, combinan la rehabilitación de edificios con la mejora del espacio público, fomentando la cohesión vecinal, el bienestar social y revalorizando las zonas degradadas, que devuelven vitalidad a las ciudades.

Estas actuaciones, que las podemos denominar actividades de proximidad, son generadoras de empleo estable, de calidad y muy especializado, ya que muchas obras hay que hacerlas con los residentes conviviendo en ellas, una exigencia bastante meritoria. Rehabilitar es cuidar lo que ya tenemos, dar nueva vida a lo ya construido, con un futuro más responsable y equilibrado. Rejuvenecer siempre implica empezar, lo cual lleva implícito un dinamismo expansivo que es provechoso.

(*) Óscar Izquierdo es presidente ejecutivo de FEPECO y de la Fundación Laboral de la Construcción, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife