En la operación se ha detenido a siete personas, en las provincias de Barcelona, Valencia y Alicante, por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa.

En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y EUROPOL, han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa. Los arrestados pertenecían a una organización criminal de carácter transnacional, compuesta por ucranianos, letones y españoles, que operaban desde Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.

La investigación, que se inició en el año 2018, ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos en el campo económico, armamentístico, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional; hecho que pone de manifiesto la enorme complejidad y dificultad que ha conllevado la desarticulación de la organización.

Guerra interna entre los cabecillas

Una guerra interna dentro de la organización investigada fisuró las medidas de seguridad que guardaban los líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales, actividad que dirigían desde España, concretamente desde las localidades de Gavá (Barcelona) y de Calpe (Alicante).

Esta disputa entre los líderes, jalonada de extorsiones y amenazas mutuas, buscaba obtener el control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes de Ucrania a diferentes destinos, principalmente países del norte de África y Oriente Medio -especialmente a zonas en conflicto-, sometidas a embargos internacionales.

Dichas disputas provocaron una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuarían con las actividades delictivas que desarrollaban.

Fletaban buques mercantes con armas y explosivos

El estudio pormenorizado de la capacidad económica que la organización disponía en el territorio nacional, unida a una ardua labor de campo por parte de los investigadores, ha permitido identificar a los miembros de la red que operaban desde España y que colaboraban en la compraventa de armamento ruso que viajaba dentro de cargueros fletados desde España junto a otro armamento, este sí de origen lícito, camuflando así la procedencia del cargamento ilegal.

La capacidad operativa de carácter internacional era una de las particularidades más destacables de esta organización. Los investigadores destacan la facilidad que tenían para realizar este tipo de operativas complejas. Como ejemplos se señala la ocasión en la que la organización planificó la fuga del capitán de uno de los cargueros, detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas, o cómo hacían gala de su alta capacidad para el transporte internacional de armas pesadas a través del Mediterráneo, incluyendo carros de combate.

Habrían blanqueado más de 10 millones de euros

Fruto de esta actividad delictiva, la organización generaba cuantiosos beneficios que eran introducidos en el sector económico nacional. Para dotarlos de apariencia legal –blanqueo de capital-, la organización había establecido un modus operandi que partía de paraísos fiscales -lugar donde domiciliaban los cargueros identificados en la investigación-.

Así se aseguraban de recibir el dinero originario del tráfico de armas en países con un control bancario menos riguroso, para posteriormente transferirlo a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente Suiza y el Reino Unido. Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían a España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.

En el operativo policial llevado a cabo el pasado martes se ha desarrollado en las provincias de Valencia, Alicante y Barcelona, ejecutando 7 entradas y registros domiciliarios, interviniendo importante documentación de índole económica, equipos informáticos y dinero en efectivo.

Se ha puesto a disposición del titular del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional a tres de los detenidos, líderes de la organización, para los cuales se ha decretado su ingreso en prisión.

El juez también ha ordenado medidas cautelares de embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros, de tal forma que el valor en conjunto del patrimonio objeto de intervención podría superar ampliamente los 10 millones de euros.