El Gobierno de Canarias ha dado luz verde definitiva a la construcción de la instalación solar fotovoltaica Llano de los Bebederos I, una decisión que ha reavivado el rechazo frontal del Ayuntamiento de Arona y que logra esquivar los condicionantes técnicos establecidos por la corporación insular. Mediante el Decreto 101/2026 del 1 de junio, el Ejecutivo autonómico aplica la vía excepcional de interés general para autorizar el proyecto promovido por la entidad DISA Energía Renovables S.L.U., sorteando así la normativa urbanística municipal.

La resolución concede la autorización administrativa y la declaración en concreto de utilidad pública para un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de más de dos millones quinientos sesenta y cuatro mil euros. La infraestructura alcanzará una potencia instalada que requerirá el montaje de ocho mil seiscientos diez módulos fotovoltaicos bifaciales de 700 Wp cada uno sobre estructuras metálicas fijas ancladas al suelo.

El sistema se completa con quince inversores, un centro de transformación y una línea de evacuación para conectar la energía producida a la red general de distribución. La instalación deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso, un periodo que excepcionalmente podría ampliarse hasta ocho años si la promotora lo justifica de manera expresa.

Falta de encaje urbanístico y vulneración del planeamiento

Frente a esta autorización, la administración local ha fijado su posición recordando que la infraestructura se proyecta sobre una zona catalogada como suelo rústico común ordinario, concretamente en el paraje de “El Verodal”. La posición municipal quedó fijada formalmente en la Resolución número 2025/1827, de fecha 6 de marzo de 2025, firmada por el concejal delegado del Área de Gobierno de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Baute, en la que el Ayuntamiento emitió informe de disconformidad respecto a este mismo proyecto. El informe técnico municipal sitúa la actuación en el polígono 1, parcelas 215 y 216. Se trata de una zona próxima a los núcleos poblacionales de Chayofa y Tinguafaya, y contigua a la entrada del Hospital del Sur.

Desde el punto de vista urbanístico, la conclusión del Ayuntamiento es clara al dictaminar que la infraestructura proyectada carece de cobertura en el planeamiento municipal. El Plan General de Arona no contempla este tipo de instalación en suelo rústico común ordinario y los técnicos advierten que la documentación analizada no justifica de forma suficiente cuestiones esenciales como la adecuación al planeamiento vigente, los retranqueos, el detalle del vallado perimetral o la aplicación de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La resolución municipal también señala que la actuación no acredita que deba situarse necesariamente en suelo rústico, no contribuye a la ordenación ni al desarrollo rural y se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento vigente. Además, advierte de que su implantación puede condicionar futuros desarrollos urbanísticos en los suelos contiguos al ámbito afectado.

Oposición institucional en defensa del territorio local

En respuesta a la resolución del Gobierno de Canarias, las autoridades locales han expresado su total oposición institucional integrando las consideraciones técnicas en un rechazo frontal a la ocupación del suelo. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, manifestó a EL DIGITAL SUR su preocupación por “esta manera de proceder que compromete nuestro planeamiento, incluso nuestro PGO que teníamos planificado sacar en los próximos años”. La regidora añadió de forma tajante que “vamos a trasladar nuestra preocupación y oposición a este proyecto porque no se puede hablar de desarrollo sostenible mientras se ignora el planeamiento municipal y se comprometen suelos estratégicos para el futuro del municipio”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Baute, aclaró que la postura de la administración local no es en absoluto contraria al progreso ecológico. Señaló que “las renovables son necesarias, pero deben implantarse con rigor, donde corresponde y respetando la ordenación del municipio”. De esta manera, el Ayuntamiento insiste en que defiende la transición energética, pero exige que se realice con planificación, rigor técnico, respeto al territorio y estricto cumplimiento de las normativas vigentes, por lo que mantiene que el proyecto Llano de los Bebederos I no cuenta con encaje urbanístico y no avala su implantación en el ámbito propuesto.

Condicionantes del Cabildo Insular y medidas compensatorias

El procedimiento también tuvo que hacer frente a las evaluaciones de la corporación insular y a diversas exigencias de carácter patrimonial y medioambiental. Durante el trámite de consultas sectoriales, el informe del Cabildo de Tenerife señaló que los tramos de la línea de evacuación eléctrica que discurren por áreas de protección ambiental, correspondientes a zonas de barrancos, se consideraban incompatibles con el Plan Insular, dado que en estas zonas están prohibidas con carácter general las intervenciones de instalación. Para solventar este conflicto en los cauces protegidos, el Ejecutivo autonómico incorporó un informe de la Dirección General del Medio Natural donde la empresa promotora se comprometió a que el tendido discurra de manera puntual y soterrada por los caminos existentes, minimizando el impacto sobre el dominio público hidráulico.

Asimismo, la resolución final obliga a la empresa promotora a cumplir requisitos ineludibles antes de iniciar la fase constructiva de la planta. Entre ellos destaca la exigencia de completar el proyecto de ejecución con un capítulo específico sobre el cumplimiento de la ordenanza insular y la elaboración de un estudio de valores patrimoniales que incluya una prospección arqueológica sobre las parcelas afectadas, realizada por un técnico cualificado.

En materia de protección a la biodiversidad, se impone la aplicación de medidas correctoras emitidas por la Dirección General del Medio Natural, lo que obliga a ejecutar un seguimiento específico del alcaraván común durante los periodos previo, de edificación y posterior a la construcción, con el fin de evaluar y prevenir cualquier pérdida de hábitat o desplazamiento de esta especie en el entorno de la infraestructura industrial.

En relación con el impacto directo sobre el ecosistema vegetal, el informe del Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad precisó que la zona destinada a la instalación de los paneles solares ocupa antiguos bancales conformados por una comunidad de ahulagar y saladar blanco, con presencia de ejemplares de tabaibal amargo, descartando que esta superficie coincida con Hábitats de Interés Comunitario. No obstante, la corporación insular advirtió que el trazado diseñado para la línea de evacuación atraviesa de forma parcial un Hábitat de Interés Comunitario no prioritario catalogado como matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, el cual cuenta con una importante representación de tabaibal dulce y cardonal.

Para mitigar la alteración permanente que ocasionará la ocupación del terreno y los movimientos de tierra, la administración exige a la empresa llevar a cabo acciones precisas de rescate de los ejemplares de flora autóctona afectada, obligando a su traslado temporal a un vivero especializado y garantizando su posterior reintroducción en las zonas del recinto que queden libres de infraestructuras.

La postura de DISA frente a las objeciones del entorno

Ante el aluvión de críticas políticas y los severos requerimientos técnicos formulados por las distintas administraciones implicadas, la empresa promotora DISA Energía Renovables S.L.U. ha defendido de manera exhaustiva la idoneidad de la ubicación escogida y el minucioso diseño de la planta fotovoltaica. En respuesta a las diversas alegaciones sobre la pérdida irreversible de potencial agrario formuladas por el Servicio Técnico de Estructuras Agrarias del Cabildo, la mercantil argumentó de forma técnica, basándose en la revisión de ortofotos históricas de la zona, que los terrenos elegidos para la instalación llevan más de treinta años en una situación de desuso total y que la red pública de riego de iniciativa institucional más cercana se encuentra situada a más de tres kilómetros de distancia de las parcelas. DISA sostiene firmemente que este prolongado abandono agrícola, sumado a la particular y escarpada orografía del suelo y a las muy escasas previsiones pluviométricas futuras, convierten la extensa parcela en un emplazamiento ideal para la generación fotovoltaica.

Respecto a la exigida integración paisajística y a la supuesta falta de alternativas en el proyecto inicial criticada por el Cabildo, la entidad aclaró que se realizó un profundo análisis territorial que motivó el traslado de la planta desde una ubicación original que estaba prevista en el entorno de Montaña de la Aguzada y el Malpaís de Rasca, un espacio natural con mayor sensibilidad ambiental y territorial, hacia el actual asentamiento para lograr minimizar considerablemente la longitud de la línea de evacuación y reducir la superficie total ocupada por el cableado.

Para atenuar las fundadas preocupaciones sobre el impacto directo en los núcleos urbanos cercanos y en el ámbito de la salud pública, la compañía aseguró que la infraestructura generadora se ubica a más de doscientos veinte metros de las zonas pobladas, eliminando cualquier riesgo de afección nociva por emisiones electromagnéticas, ruidos molestos o polvo en suspensión durante las obras.