Pedro Martín, líder del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, ha convocado una reunión con los representantes socialistas de los 31 municipios de la Isla, incluyendo a varios alcaldes, para discutir la actual “emergencia habitacional”. Esta situación se caracteriza por la escasez de alquileres asequibles, lo que está negando oportunidades a los ciudadanos, impidiendo soluciones a situaciones críticas como el reciente desalojo en Arona, y causando daño a los servicios públicos y a la economía de las áreas más afectadas.

En la reunión también estuvieron presentes varios representantes municipales socialistas, incluyendo a Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa de Candelaria, y Patricia Hernández, portavoz socialista de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento de Canarias. Sebastián Franquis, portavoz en la Cámara regional y exconsejero de Obras Públicas del Gobierno, también asistió al encuentro.

Martín destacó que el nuevo decreto otorga a los cabildos competencias que antes no tenían, como la promoción de viviendas protegidas, y facilita la finalización de edificios inacabados. Sin embargo, no está diseñado para personas de bajos ingresos, ya que no proporciona medios para acceder a estas viviendas y no limita la especulación al no restringir la reventa de viviendas de fin social.

Además, criticó al gobierno del Cabildo y a su presidenta, Rosa Dávila, por no asumir estas competencias, que no están reflejadas en el presupuesto de la corporación de 2024. Como respuesta, los socialistas han presentado una enmienda al presupuesto de este año, asignando veinte millones de euros para la promoción de viviendas protegidas, con el objetivo de trabajar conjuntamente con los municipios.

A pesar de esto, Martín considera que el decreto no está diseñado para las personas más vulnerables y con rentas más bajas, a quienes no se les facilita el acceso a una vivienda, independientemente de cuántas se construyan en Tenerife. Criticó que el decreto no menciona la necesidad de poner en el mercado las miles de viviendas vacías que existen en Tenerife, y señaló que hay terrenos disponibles en todos los municipios de la Isla donde se podrían construir viviendas, pero no se están aprovechando.

Martín sugirió que el Gobierno podría hacer mucho para impulsar la vivienda pública en estos terrenos y simplificar los trámites de las licencias. Sin embargo, criticó que la alternativa del Gobierno es dejar estos terrenos vacíos y permitir la construcción en terrenos destinados a parques infantiles, polideportivos o servicios públicos.

Esta reunión se llevó a cabo después de la aprobación del decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, que ha cambiado significativamente el marco normativo en este ámbito y otorga a los cabildos competencias en la promoción de vivienda protegida que antes no tenían.

En respuesta a este decreto, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado una modificación de crédito para asignar 20 millones de euros a la construcción de vivienda protegida en la Isla. Esto se ha hecho en el presupuesto insular de 2024, en el que el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no había incluido partidas para ello y en el que las políticas de vivienda contaban solo con cinco millones de euros en un presupuesto total de mil millones de euros.