A pesar del discurso predominante en los últimos años, el cual sugería un cambio de paradigma en la contratación pública para primar la calidad frente a la lógica del menor coste, los datos demuestran que el factor económico sigue siendo el rey indiscutible. Un análisis exhaustivo de más de 44.000 expedientes adjudicados en España entre los años 2024 y 2026, elaborado por la plataforma tecnológica Licitaciones.io, revela que nueve de cada diez concursos (exactamente el 90,6%) recaen finalmente en la oferta más económica.

Lejos de difuminarse en los proyectos de mayor envergadura, esta tendencia se acentúa de forma notable. En aquellas licitaciones que superan los 20 millones de euros, el porcentaje de adjudicaciones a la propuesta más barata se eleva hasta el 92,9%, marcando el índice más alto de todos los tramos estudiados. Ante este fenómeno, Ignacio Huertas, cofundador de la plataforma encargada del estudio, detalla: “Existe la percepción de que en los grandes contratos la calidad compensa el precio y permite que ganen ofertas más caras. Los datos demuestran lo contrario, es precisamente en los mayores contratos, los de más de 20 millones, donde el precio alcanza su máximo peso”. En esta misma línea, el experto subraya que “cuanto mayor es el contrato, más probable es que termine imponiéndose la propuesta económicamente más competitiva”.

El informe de Licitaciones.io detecta además una profunda transformación en la manera de evaluar las adjudicaciones por parte de las administraciones. Los pliegos siguen contemplando la calidad, pero lo hacen de forma cada vez más objetiva mediante variables cuantificables. Factores como la eficiencia operativa, el consumo energético, la fiabilidad, el coste del ciclo de vida o los gastos de mantenimiento se han estandarizado. Al evaluarse de manera matemática, las principales empresas licitadoras logran puntuaciones técnicas sumamente parecidas. Esto diluye el margen diferencial de los apartados cualitativos y deja la decisión final, inevitablemente, en manos de la oferta económica.

Aunque el precio de la oferta representa por sí solo alrededor de la mitad de la puntuación total, el resto de los requerimientos técnicos también se procesan mediante fórmulas paramétricas. “La Administración sigue valorando aspectos como la eficiencia o la durabilidad, pero los traduce a números que terminan incorporándose al cálculo del coste total”, señala Huertas respecto a esta objetivación de los criterios.

Como consecuencia directa de este nuevo escenario, el peso de los juicios de valor es cada vez menor en las licitaciones de gran tamaño. Elementos que históricamente podían decantar la balanza y justificar un mayor precio, como la experiencia comercial previa, la presentación de la propuesta o la reputación de la marca, han perdido su capacidad para alterar de forma significativa el resultado de un concurso. De este modo, la investigación concluye que, para las empresas que optan a estos contratos, disponer de una oferta técnica sólida es un requisito estrictamente indispensable, pero la competitividad económica sigue siendo la llave real para obtener la adjudicación.

Incluso en aquellos casos donde la administración opta por no seleccionar la propuesta de menor importe, la brecha de gasto no resulta sustancial. En el marco de los grandes contratos, la mediana del sobreprecio asumido por el ente público respecto a la oferta más económica se sitúa en apenas un 6,6%. Este porcentaje evidencia que las instituciones solo asumen un mayor desembolso cuando existe de por medio una justificación que sea totalmente objetiva y cuantificable.

El concepto de gasto, no obstante, está evolucionando hacia un enfoque más integral y a largo plazo. Como concluye el propio Ignacio Huertas a la luz de los resultados obtenidos: “La cuestión relevante es qué entendemos por precio. Cada vez hablamos menos de la cifra de la oferta y más del coste real que tendrá una solución durante toda su vida útil”.