La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, ha aprobado la concesión de 310.000 euros a 250 asociaciones ciudadanas del municipio, marcando un récord en el número de entidades beneficiadas.
Bermúdez destacó la importancia de esta ayuda para cubrir gastos esenciales como luz, agua, teléfono, fibra, limpieza y otros servicios necesarios para el mantenimiento de los locales municipales utilizados por las asociaciones.
El concejal de Participación Ciudadana, Javier Rivero, subrayó que se han adelantado los plazos de concesión de la subvención para que las entidades puedan disponer del dinero lo antes posible.
Rivero explicó que la cantidad máxima a otorgar por entidad era de 1.800 euros, según las bases reguladoras. Sin embargo, debido a un exceso de subvención de 41.555 euros, se decidió reducir el importe a conceder a cada entidad en 166,22 euros, resultando en un máximo de 1.633,78 euros por entidad.
Rivero también destacó el número histórico de asociaciones que cumplieron los requisitos, señalando que, de las presentadas, 13 entidades no cumplieron con el requisito de antigüedad de dos años inscritas y 7 entidades no presentadas la renovación anual de datos.
Javier Rivero concluye que los datos reflejan una mejora en la gestión administrativa de las asociaciones de Santa Cruz de Tenerife con el Ayuntamiento. Además, destaca el trabajo y la dedicación del equipo de Participación Ciudadana, que ha proporcionado un asesoramiento más minucioso y preciso a las entidades que lo han requerido.
Es importante recordar que las bases del reparto se realizan según los siguientes criterios:
• Entidad ciudadana con interés público municipal (IPM) y más de cincuenta socios: máximo de 1.800 euros (con reducción, 1.633,78 euros).
• Entidad ciudadana sin IPM y más de cincuenta socios: 1.500 euros (1.333,78 euros).
• Entidad ciudadana con IPM y hasta cincuenta socios: 1.500 euros (1.333,78 euros).
• Entidad ciudadana sin IPM y hasta cincuenta socios: 1.000 euros (833,78 euros).
Estos criterios aseguran una distribución equitativa de los recursos entre las entidades ciudadanas.
