Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, junto a CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, han manifestado este lunes [9] su rechazo frontal y oposición a la entrada de las comunidades autónomas en el capital social y en el consejo de administración de la empresa de ingeniería pública Ineco. Las dos patronales mayoritarias del sector privado han reaccionado de forma conjunta tras conocerse que el Gobierno de Canarias ha sido el primero en aprobar su participación en la compañía estatal, una maniobra que permite a la ingeniería pasar a ser considerada como medio propio de la administración insular y recibir encargos directos.
La reacción de ambas organizaciones se produce una semana después de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara, el pasado 2 de febrero, la suscripción de una acción de la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco). Según la información facilitada por el Ejecutivo regional, esta operación tiene como objetivo convertir a la empresa pública en un instrumento propio para avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife. La operación se materializa mediante la adquisición de una acción con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, dentro de una ampliación de capital de la sociedad. Esta compra otorga a Canarias los mismos derechos políticos y económicos que al resto de accionistas y sitúa a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, como representante de la comunidad en la Junta General y en el Consejo de Administración de Ineco.
Ante este movimiento, las ingenierías privadas han denunciado lo que consideran una situación de uso abusivo de la contratación con Ineco por parte de las Administraciones Públicas. Tecniberia y CÍES sostienen que se está incumpliendo la legislación mediante la adjudicación directa y sin concurso público de numerosos contratos, lo que conlleva consecuencias negativas para el interés general y la libre competencia. Las patronales advierten de que esta situación podría agravarse si otras comunidades autónomas siguen el ejemplo canario, entrando en el capital de la entidad pública para utilizarla como medio propio, lo que eliminaría la necesidad de licitaciones abiertas.
Ambas asociaciones han recordado que la legislación española limita la función de Ineco como medio propio a supuestos de excepcionalidad. Según explican, el recurso a capacidades propias en lugar de acudir al mercado mediante concursos abiertos y transparentes debe restringirse exclusivamente a tres circunstancias: razones de seguridad nacional, urgencia y mayor eficiencia por la inexistencia de proveedores alternativos en el sector privado. Fuera de estos tres escenarios, las organizaciones empresariales argumentan que la contratación de empresas públicas provoca barreras de desarrollo para las compañías de capital privado, drenando una carga de trabajo considerable que dificulta su crecimiento, robustez y rentabilidad.
En el comunicado emitido a este periódico, las patronales expresan su temor a que la decisión del Gobierno de Canarias actúe como una avanzadilla y que otras administraciones públicas decidan entrar en el futuro en el capital de la ingeniería pública. Advierten que esto generalizaría la adjudicación de contratos fuera de la excepcionalidad legal prevista, obviando los concursos transparentes que, según defienden, las ingenierías privadas pueden realizar con mayor eficiencia.
Cabe recordar que Ineco es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Hasta la entrada del Ejecutivo canario, su accionariado estaba compuesto íntegramente por empresas públicas: Enaire, con un 45,85%; Adif, con un 20,69%; Adif Alta Velocidad, con un 20,68%; y Renfe, con un 12,78%. Finalmente, frente a la justificación del Gobierno canario sobre la necesidad de impulsar sus infraestructuras de transporte, Tecniberia y CÍES se han ofrecido a la administración insular para que sean sus empresas asociadas las que elaboren los proyectos previstos en el plan de ferrocarriles de las islas, defendiendo la capacidad del sector privado para asumir dichos retos.
