La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, ha mantenido este 10 de marzo una reunión de trabajo en la capital tinerfeña con los representantes de trece organizaciones sindicales de la Policía Nacional, asociaciones profesionales de la Guardia Civil y funcionarios de prisiones. El objetivo de la convocatoria ha sido recopilar las principales demandas de estos colectivos para trasladarlas al ámbito parlamentario y promover nuevas iniciativas que refuercen las infraestructuras del Estado en el Archipiélago.

El encuentro ha contado con la participación del líder del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, junto a los diputados nacionales Juan Antonio Rojas y Carlos Sánchez, y la senadora autonómica Rosa Viera. Por parte de los colectivos de seguridad y prisiones, han estado presentes las organizaciones representativas de la Policía Nacional (CEP, SUP, UFP y JUPOL), de la Guardia Civil (ASESGC, JUCIL, AUGC y UO) y de los funcionarios de instituciones penitenciarias (CCOO, ACAIP-UGT, AMPA, CSIF y APFP).

Durante la jornada, Ana Vázquez ha puesto en valor la labor de su grupo parlamentario, asegurando que, al analizar el porcentaje de iniciativas registradas por los diputados de cada comunidad en la Comisión de Interior, Canarias lidera las propuestas en materias relativas a inmigración, prisiones, extranjería e infraestructuras de seguridad.

Para dar continuidad a este trabajo, el partido se ha comprometido a abordar de forma inmediata la saturación del centro penitenciario Tenerife II. Esta instalación, inaugurada en 1988 con una capacidad diseñada para 700 internos, alberga en la actualidad a más de 1.030 reclusos, una falta de espacio que ha obligado a dejar inoperativo el módulo de mujeres. Asimismo, se impulsará la actualización de los protocolos ante el aumento de agresiones a los trabajadores de prisiones en las Islas.

En el ámbito legislativo y penal, la formación registrará en los próximos días una iniciativa orientada a endurecer las penas por el uso de armas blancas, fundamentada en un incremento del 42% en este tipo de delitos en Canarias entre los años 2018 y 2024. La medida plantea elevar las condenas de prisión de dos a cinco años y modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que estas acciones pasen a catalogarse como infracciones muy graves.

En paralelo, Ana Vázquez ha reclamado al Gobierno central el desbloqueo de dos normas actualmente paralizadas en el Congreso: la declaración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y el reconocimiento de la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles. “Los ciudadanos pagan impuestos y tienen derecho a estar y a sentirse seguros. Eso también es Estado del bienestar, y por eso vamos a dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos que necesitan”, ha afirmado la portavoz.

Por su parte, el diputado nacional Juan Antonio Rojas ha puesto el foco en la necesidad de ampliar las plantillas policiales. Según los datos aportados por Rojas, Canarias requiere la incorporación de más de mil agentes adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un déficit que se distribuye a partes iguales entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con unos 500 efectivos pendientes en cada una.

Rojas ha vinculado esta carencia a la actual coyuntura en las fronteras, señalando que “Canarias es hoy la frontera de Europa más olvidada. Tenemos una presión migratoria como nunca antes y de esa situación se están aprovechando las mafias para abrir nuevas rutas del narcotráfico y del tráfico de personas”.

En este contexto de presión migratoria, el Partido Popular volverá a exigir la creación y apertura de las oficinas de extranjería en las islas de Fuerteventura y El Hierro, una medida que ya fue defendida y aprobada en la Cámara Baja, pero que el Gobierno central aún no ha ejecutado. Respecto a esta inacción, Rojas ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber dejado “en la cuneta” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al no proporcionarles los recursos que demandan.

Finalmente, las organizaciones profesionales han aprovechado el encuentro para exponer otras preocupaciones operativas de carácter urgente. Entre ellas, han destacado la incertidumbre que rodea a la futura ubicación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS 8) de la Guardia Civil, así como los graves problemas de masificación que se están registrando en los controles de pasaportes del aeropuerto de Tenerife Sur, una situación derivada del aumento de las inspecciones a los ciudadanos británicos como consecuencia del Brexit.