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Los Anunciantes Canarios, preocupados por un discurso político cada vez más negativo hacia la publicidad

Han enviado una carta de adhesión a los principales políticos regionales ante el creciente número de iniciativas dirigidas a restringir la publicidad.

Los Anunciantes Canarios muestran su preocupación ante un discurso político cada vez más negativo hacia la publicidad, al observar un gran número de iniciativas que pretenden estigmatizar a la publicidad en todos los órdenes, como si fuera culpable de todos los problemas de la sociedad.

La Asociación Canaria de Anunciantes (ACA), que reúne a las 23 empresas más importantes de inversión y gestión publicitaria de Canarias, se ha adherido al movimiento a escala europea para concienciar a los gobiernos de que la publicidad es necesaria para la competitividad empresarial y el desarrollo económico y porque cumple una función imprescindible de comunicación transparente y regulada con sus consumidores.

La preocupación europea, española y canaria se basa en las crecientes iniciativas para restringir la actividad publicitaria. Por ello, ha surgido un movimiento a escala europea para concienciar a los gobiernos.

En concreto en España, desde la Asociación Española de anunciantes (aea), a la que pertenece la Asociación Canaria de Anunciantes (ACA), se ha coordinado el envío de una carta a la Administración que firman tres entidades europeas: la Asociación Europea de Agencias de Comunicación (EACA), la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y el Grupo Europeo de la Publicidad en Televisión (EGTA) y que está apoyada tanto por la aea como por otras asociaciones pertenecientes asimismo a la Comisión de Industria Publicitaria (CIP) y por Uteca.

A través de este movimiento surgido en Europa y que integra a asociaciones de anunciantes, agencias y medios se ha expresado la preocupación por un discurso político cada vez más negativo contra la publicidad, acompañado de un creciente número de iniciativas dirigidas a restringirla, también en España y en las Comunidades Autónomas.

Los firmantes ratifican el objetivo común de ayudar a reconstruir la economía española y los medios de subsistencia de la población tras la crisis social y económica sin precedentes creada por la pandemia COVID-19. Y, dado todo lo que la publicidad supone para la economía, la sociedad y los consumidores, consideran necesario que la Administración le otorgue tal valor.

Según los datos económicos que se aportan en la carta, tal y como se señala desde el Observatorio de la Publicidad en España 2020, este sector generó un volumen de negocio de 18.700 millones de euros de inversión en medios en 2018, representando el 1,3% del PIB español y el 3,5% del volumen de todo el sector de servicios del país. Esta actividad económica es producida en España por más de 40.000 empresas, con más de 100.000 personas empleadas en el sector y solo en 2019 se crearon 2.000 nuevas compañías. Entre otros datos aportados por diferentes estudios, el de la consultora Deloitte evidencia también el efecto impulsor que produce la publicidad en la aceleración de la economía.

Asimismo, la publicidad representa en este país el 75% y el 40% de los ingresos de la radio y la televisión respectivamente, beneficiándose los consumidores de los medios de comunicación y de los servicios de Internet gratuito. Igualmente, la publicidad financia gran parte de la escena cultural española y del entretenimiento.

También es necesario destacar que la publicidad puede ser mayor garante de la pluralidad de los medios de comunicación, fundamental para las libertades democráticas.

Por todo ello, y sustentados por un sistema de propia autorregulación como es Autocontrol en España, estas asociaciones solicitan que se considere una moratoria sobre las nuevas restricciones a la publicidad para asegurar que se evalúa plenamente el impacto general y de consecuencias no deseadas de cualquier nueva norma, especialmente a la luz de la importante reforma iniciada por la Comisión Europea con el lanzamiento de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercado Digital.

En este sentido, sería prudente que el marco regulatorio español fuera comparable al de otros Estados miembros de la UE, para no quedar rezagados en términos de competitividad en el mercado global.

Las entidades firmantes, así como el resto de asociaciones que apoyan esta carta se muestran abiertas a facilitar a la Administración cualquier información que solicite y esperan poder mantener un diálogo cercano con vistas a evolucionar positivamente en este objetivo.

 

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