José Luis Langa González, presidente de la plataforma, asegura que es una reclamación de la asociación desde hace más de diez años.
La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, Pcalc, que preside el letrado José Luis Langa González, valora que “por fin” el Estado ceda las competencias en Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, una reivindicación que “desde la plataforma llevamos reclamando desde hace más de diez años”, matiza Langa González.
A lo largo de la última década la Pcalc ha estado al “pie del cañón, por decirlo de alguna manera, defendiendo la singularidad del pueblo canario, para evitar que zonas urbanas consolidadas en la costa acabaran bajo los escombros de las grúas”, recuerda Langa González.
Para ello se han mantenido encuentros con los alcaldes de ayuntamientos afectados de toda Canarias, con los cabildos y con el propio Gobierno de Canarias, con el que se firmó la creación de una Comisión Mixta sobre Ley de Costas con la Consejería de Política Territorial, el 19 de abril de 2016.
“Nos alegramos muchísimo de que por fin Canarias vaya a tener las competencias en Costas, como otras comunidades, pero vamos a ser prudentes y esperar a ver qué pasa en junio, cuando se haga efectivo dicho traspaso, pues una cosa es tener las competencias y otra las actuaciones que se llevarán a cabo desde el Gobierno regional”, agrega el presidente de la Pcalc.
En cualquier caso, para Langa González “esta es una gran noticia para Canarias, un territorio insular que requiere de una gestión de sus costas de forma diferenciada, como diferente es la realidad del pueblo canario”. “Esperamos que ahora se pare el derribo de pueblos costeros que forman parte de la historia y de la idiosincrasia canaria y que llevamos años defendiendo, pues son más de 150.000 los canarios afectados”, matiza el letrado.
Estas competencias son una demanda que la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas ya llevó al Parlamento de Canarias en una proposición no de ley aprobada por todos los grupos políticos, y que además se recogen en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias de noviembre de 2018.
