La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canarias), ha puesto en marcha este jueves, 23 de abril, una serie de sesiones informativas centradas en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. La primera de estas jornadas se desarrolló en el salón de actos del Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, congregando a casi un centenar de asistentes.

El encuentro contó con las intervenciones de la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, y la responsable de los servicios jurídicos de CEAR, María Leonor Pulido Santana, quienes desgranaron los requisitos de acceso, la presentación de solicitudes, la tramitación, la resolución de expedientes, así como los puntos de información y recursos de apoyo disponibles.

Críticas a la gestión estatal y medidas de coordinación autonómica

Durante su intervención, Elisabet Santana expuso la posición del Ejecutivo autonómico ante el desarrollo de este proceso. La directora general recalcó que, si bien el Gobierno de Canarias carece de competencias en materia de extranjería por ser una atribución exclusiva del Estado, la administración autonómica ha decidido intervenir para prestar apoyo a entidades y ciudadanos, dado que financia los servicios sociales municipales encargados de la atención directa.

Santana señaló de forma crítica que el Estado ha llevado a cabo el proceso de regularización sin contar con las comunidades autónomas ni con las entidades del tercer sector, una situación que, advirtió, está llevando al límite a los servicios públicos. En este sentido, lamentó que no se haya convocado la conferencia sectorial de migración, inactiva desde hace más de un año, ni una comisión delegada para informar a las partes implicadas sobre la estructuración del procedimiento.

Ante esta situación, la directora general explicó que el Gobierno de Canarias informó de estas jornadas formativas en el reciente Foro Canario de la Inmigración, convocado antes de la publicación estatal del procedimiento para anticipar la coordinación necesaria. Como siguiente paso, el Ejecutivo convocará de manera extraordinaria y urgente a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Federación Canaria de Islas (FECAI) para evaluar la organización de los ayuntamientos y cabildos, especialmente en la asistencia a poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

Expansión de las jornadas y recursos de información habilitados

El calendario de formación continuará en los próximos días para ampliar su alcance en el archipiélago. El próximo 27 de abril está prevista una segunda sesión presencial en Gran Canaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples II. Posteriormente, el 29 de abril se llevará a cabo una sesión informativa en formato online, para la cual ya hay inscritas más de medio millar de personas.

A la par de estos encuentros presenciales y telemáticos, el Gobierno de Canarias ha habilitado recursos digitales y telefónicos para facilitar el acceso a la información. Elisabet Santana destacó la actualización del portal web de inmigración autonómico, donde se puede consultar el listado de entidades registradas y habilitadas por el Estado en Canarias para prestar atención. Asimismo, se ha dispuesto un servicio de traducción a través del teléfono 012, que ofrece soporte en 16 idiomas. Toda la documentación y los detalles del proceso están disponibles para consulta pública en la dirección web oficial: https://www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/inmigracion/regularizacion/

El certificado de vulnerabilidad como principal obstáculo documental

Por parte de las organizaciones sociales, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, detalló que estas sesiones conjuntas buscan asesorar y aclarar dudas sobre los procedimientos y los lugares de presentación de documentación. Sin embargo, Juan Carlos Lorenzo subrayó que, en estos primeros compases del procedimiento, el principal problema detectado es la obtención del certificado de vulnerabilidad. Aunque desde su perspectiva personal una persona en situación irregular ya se encuentra en una posición de vulnerabilidad inherente, el marco legal exige una presunción expresa mediante este trámite específico.

Según los datos manejados por CEAR, el 80 % de las personas que acuden a la entidad disponen de toda la documentación requerida a excepción de este certificado. Para desatascar esta situación, Juan Carlos Lorenzo hizo hincapié en la importancia de aclarar qué perfiles están exentos de solicitar este documento. Concretamente, no necesitan el certificado de vulnerabilidad los solicitantes de asilo, las personas que ya han trabajado, aquellos que cuentan con una oferta de empleo, las personas con una declaración responsable que deseen trabajar por cuenta propia, y quienes formen parte de una unidad familiar que tenga a su cuidado a menores, personas mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado.

Entidades competentes y el papel fundamental de los ayuntamientos

En cuanto a la emisión del mencionado certificado, el coordinador de CEAR explicó que existen dos vías para su tramitación, previo análisis de que el resto de la documentación del solicitante esté en regla para evitar requerimientos de subsanación posteriores. La primera vía recae en las entidades colaboradoras inscritas en el censo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, un registro abierto y en continua actualización, aunque Lorenzo matizó que actualmente “no son todas las que podrían estar”.

La segunda vía corresponde a las entidades que desarrollan servicios sociales en los distintos territorios. Una instrucción emitida este mismo miércoles por la Secretaría de Inmigraciones aclaró y ratificó la competencia de estas entidades de asistencia social local para emitir el certificado. En este punto, Juan Carlos Lorenzo destacó el papel fundamental de los ayuntamientos, argumentando que una implicación óptima de los municipios dota de mayor capilaridad al territorio para gestionar la documentación. Esta descentralización, aseguró, oxigena el sistema y evita que toda la presión asistencial recaiga exclusivamente sobre las entidades sociales colaboradoras, en lo que calificó como un momento histórico y de justicia social que requiere el compromiso de toda la ciudadanía.