Los APIs de toda España vuelven a pronunciarse en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno en el contexto del Estado de Alarma, esta vez relacionadas con el sector del alquiler y un paquete de medidas que afectará negativamente a “a un gran abanico de españoles”; al tiempo que expresan su “total desconcierto” ante las nuevas normativas. En este sentido, se destaca lo siguiente:
- La vivienda NO está mayoritariamente en manos de grandes tenedores.
- El decreto ignora a los profesionales autónomos que tienen que pagar un alquiler.
- Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) se han visto muy castigados por esta situación, paralizados sus negocios y el Gobierno no ha decretado ninguna medida de ayuda.
Esta es la posición del Consejo en relación con la aprobación de un paquete de medidas en materia de alquiler cuya intención inicial es beneficiar a familias vulnerables. Se contempla, principalmente, la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros, si bien la complejidad de los trámites en estos momentos no facilitan una solución inmediata y ágil a su situación y al mismo tiempo dejan a muchos propietarios que complementan sus pensiones con los ingresos de unos bienes inmuebles que han comprado con ahorro y esfuerzo a lo largo de su vida para precisamente llegada su jubilación en la misma situación de vulnerabilidad que sus inquilinos.
Gerard Duelo, presidente del Consejo General, defiende que “hay que romper con la imagen de que la vivienda de alquiler está mayoritariamente en manos de entidades financieras o grandes tenedores, puesto que hay una gran bolsa de pequeños y medianos propietarios actualmente desprotegidos y que el Gobierno ignora permanentemente en sus medidas”.
Aunque no se registran datos oficiales, el Ministerio de Agenda Urbana calcula que entre el 85% y el 90% del mercado residencial del alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.
Profesionales autónomos, ignorados
Asimismo, desde el Consejo General se pone de relieve que el real decreto “olvida el perfil de aquellos profesionales autónomos que también pagan alquiler y respecto de los cuales nada se dice”.
“Se han quedado sin ingresos al igual que los inquilinos de vivienda, pero en su caso tienen que pagar igualmente sus alquileres para mantener sus locales y oficinas y tratar de recuperar sus negocios una vez se vaya volviendo a la normalidad. Ni se adoptan medidas para paliar su situación, ni se les concede aplazamiento ninguno en relación a sus obligaciones fiscales”, subraya el presidente del Consejo General de APIs.
Además, desde el Consejo se vuelve a reclamar un reconocimiento hacia el sector y la adopción de medidas tendientes a minimizar los efectos de la crisis: “Los agentes de la Propiedad Inmobiliaria se han visto muy castigados por esta situación, paralizados sus negocios y el Gobierno no ha adoptado medidas que les puedan ayudar”, sostiene Duelo.
Exceso de burocracia y falta de transparencia
Pese a que las medidas pudieran parecer de ayuda a las familias vulnerables, “si se analiza la burocracia que tienen que atravesar los colectivos vulnerables para conseguir estas ayudas, queda expuesto que no será fácil ni rápido”, concluye Duelo, por lo que exige al Gobierno desde el colectivo API que “se tomen medidas más apropiadas, urgentes y con el objetivo de dar soluciones reales y rápidas”.
Sobre el Consejo General de APIs
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI) de España es una Corporación de Derecho Público que representa y defiende los intereses de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria colegiados y de los Colegios en que éstos se hallan inscritos, ante la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, otros poderes u órganos del Estado y las instituciones internacionales. Representa a 46 colegios de toda España y a unos 10 mil agentes.
