La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias ha dado un paso adelante en la gestión de las ausencias de menores tutelados con la implementación de un nuevo protocolo que permitirá distinguir, desde el primer minuto, el nivel de riesgo de cada desaparición.

Sandra Rodríguez, directora general del área, presentó este miércoles los detalles de esta herramienta durante la inauguración de una jornada de formación dirigida al personal de los centros y recursos de Tenerife, un encuentro que ya tuvo su réplica el pasado martes en Las Palmas de Gran Canaria.

Contextualización de las cifras y llamamiento a la calma

Durante su intervención, Rodríguez puso el foco en la interpretación de las estadísticas para evitar una alarma social infundada. La responsable autonómica precisó que, aunque existen 3.330 denuncias activas relacionadas con desapariciones de menores en recursos de la administración, estas afectan realmente a 1.140 menores.

Rodríguez matizó que no todas estas alertas poseen la misma gravedad. «En algún momento han podido desaparecer un fin de semana, llegan tarde, unas horas o días», explicó, insistiendo en que «al no entender lo que hay detrás de las cifras se puede generar alarma». Por ello, subrayó la importancia de analizar las causas subyacentes en los casos de reincidencia.

Un formulario único para una respuesta ágil

El eje central de la jornada fue el análisis del ‘Protocolo Unificado de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas’. Este documento, aprobado mediante la Instrucción 13/2025, de fecha 13 de noviembre, por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, introduce medidas clave para agilizar la respuesta institucional.

La principal novedad es la creación de un formulario único que deben cumplimentar los responsables de los centros de acogida. Este documento permite diferenciar la naturaleza del hecho, clasificándolo como:

— Desaparición consciente o voluntaria.

— Desaparición involuntaria.

— Desaparición forzosa o delictiva.

«Con este protocolo único contamos con un formulario para distinguir los riesgos de cada denuncia, con lo que tendremos un feedback inmediato desde el momento que se presenta», destacó Rodríguez. La directora valoró esta coordinación inmediata como un «paso muy importante», ya que permite actualizar la información conforme pasan las horas y comunicar al instante cuando el menor ha regresado al recurso alojativo.

Formación especializada y coordinación policial

La iniciativa formativa, organizada conjuntamente por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha sido impartida por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El objetivo principal ha sido dotar a los responsables de los centros de acogida y protección de las herramientas necesarias para determinar la tipología de la ausencia y establecer los canales de comunicación adecuados a través del mencionado formulario único de denuncias.

En el transcurso de las sesiones se abordaron también los datos del Informe Anual de Personas Desaparecidas en España relativo al año 2024 y se explicaron los procedimientos específicos de actuación tanto en el ámbito de las fuerzas de seguridad estatales como canarias.

Estrategia de formación continua

Sandra Rodríguez enmarcó estas jornadas dentro de las estrategias globales del Gobierno de Canarias para la capacitación de los trabajadores que ostentan la guarda de menores. La directora equiparó esta formación a otros cursos ya realizados sobre prevención y detección de vulnerabilidades, como las violencias sexuales.

«En este caso se facilitan herramientas de actuación de cara a las posibles fugas. La colaboración con las distintas fuerzas del orden siempre ha estado presente, y esta organización conjunta de la jornada es una muestra más de ello», concluyó Rodríguez.