Podemos denunció este lunes [3] que el Gobierno de Canarias reconoce la emergencia habitacional, pero no está utilizando las herramientas que ofrece la Ley Estatal de Vivienda para proteger a la ciudadanía. La formación política basa su afirmación en un análisis técnico propio, que indica que 29 municipios del Archipiélago —uno de cada tres— cumplen al menos uno de los criterios que marca la ley para ser declarados zonas tensionadas.
Según dicho análisis, los municipios cumplen los requisitos porque los alquileres han subido demasiado en pocos años o porque la gente tiene que destinar más del 30 % de su sueldo a pagar la vivienda. Entre los más afectados, se citan grandes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona o La Laguna, “donde alquilar se ha vuelto casi imposible para muchas familias”. El análisis específica que, “en Las Palmas, una persona media tiene que gastar más de un tercio de su sueldo solo en vivienda, y el alquiler ha subido un 29 % desde 2020″.
También se mencionan pueblos como Garafía o Mazo “donde el problema no es el precio de la vivienda, sino que los ingresos son tan bajos que aún pagando poco, muchas familias no pueden permitírselo”. Como motivo, Podemos señala “la expansión de la vivienda vacacional, que ha sacado del mercado miles de viviendas residenciales, sobre todo en zonas turísticas y capitalinas”.
En este contexto, la formación subraya que “el Gobierno de Canarias no ha declarado ni una sola zona tensionada. Tampoco ha activado el recargo del IBI del 150 % para viviendas vacías, una medida pensada para que vuelvan al mercado”. En su lugar, —sostienen— la administración autonómica “apuesta por construir más vivienda a largo plazo, sin resultados antes de 2027”.
La portavoz de la formación, Noemí Santana, entiende que “si un tercio de los municipios cumple los requisitos y el Gobierno no hace nada, está abandonando a las familias frente a la especulación”.
Por ello, los morados exigen “aplicar de inmediato las medidas previstas por la ley estatal: congelación de alquileres, límites a nuevas subidas y penalización de viviendas vacías, con control parlamentario”. La situación, advierten, es insostenible: “más de 27.000 personas esperan una vivienda protegida en las islas”. Su conclusión es que “si no se actúa ahora, la emergencia habitacional seguirá creciendo”.
