El Gobierno de Canarias ha aprobado una dotación económica de 7,2 millones de euros dirigida a mitigar el impacto que el encarecimiento del transporte y los insumos, derivado del conflicto bélico en Oriente Medio, está provocando en el sector primario e industrial de las Islas. Esta acción se enmarca en un paquete global de 29,8 millones de euros, una cifra que podría ampliarse hasta los 60 millones anuales en el caso de que la crisis se prolongue.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, desglosó en sede parlamentaria las partidas de este decreto ley, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno. La línea específica para el sector primario cuenta con un presupuesto inicial de 3,6 millones de euros, cantidad sujeta a variaciones según las necesidades detectadas en este ámbito y en la agroindustria. De este total, 1,74 millones de euros se destinarán a compensar los sobrecostes de los insumos de producción agrícola. Estas ayudas oscilarán entre los 50 y los 222 euros por hectárea, dependiendo de la isla y del tipo de superficie, prestando especial atención a las islas no capitalinas por soportar costes superiores.

Por su parte, el sector ganadero recibirá 1,31 millones de euros para paliar la subida de precios de los piensos, estableciendo un límite máximo de 150.000 euros por beneficiario y contemplando un porcentaje adicional para las explotaciones situadas fuera de Tenerife y Gran Canaria. En el ámbito de la pesca, se han asignado 540.726 euros para hacer frente a los gastos adicionales en logística y energía, articulando ayudas que alcanzarán hasta 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador.

Quintero justificó la puesta en marcha de estas actuaciones argumentando que la crisis bélica iraní exige “actuar con rapidez, recursos y con un reconocimiento real de nuestras singularidades para defender a nuestro sector primario con garantías”. En esta línea, el consejero subrayó que “en un territorio ultraperiférico como Canarias no caben respuestas genéricas, necesitamos instrumentos ajustados para proteger a quienes sostienen la producción, el abastecimiento y el empleo, cuestiones a las que da respuesta el decreto aprobado la semana pasada, que comprende medidas adaptadas a la realidad del Archipiélago, como son el IGIC cero a los combustibles y productos básicos, así como el refuerzo de la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas”.

Los efectos directos del conflicto internacional, según detalló el titular del área, se traducen en un incremento de los costes ganaderos por el encarecimiento de materias primas para piensos, una subida generalizada en insumos agrícolas como fertilizantes y productos químicos, y mayores gastos de transporte debido a la dependencia marítima y el aumento de los combustibles. A esta situación añadió la incertidumbre existente en las exportaciones de productos como el queso y el vino hacia Estados Unidos, las cuales se están viendo perjudicadas por la inestabilidad comercial y logística.

El paquete de ayudas de la comunidad autónoma engloba también la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, el incremento hasta el 99,99% de la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para el sector agrario y el transporte, y la elevación del límite de facturación anual hasta los 50.000 euros para poder acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC.

En paralelo a las iniciativas de carácter autonómico, el Ejecutivo canario ha remitido a la Administración central una batería de reclamaciones para hacer frente a la coyuntura de forma conjunta. Quintero destacó “la petición al Estado para que articule actuaciones complementarias para reforzar la respuesta económica y social ante la crisis, entre las que destacan la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura, así como la adopción de una serie de medidas que refuercen la competitividad del Archipiélago, como el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y el aumento del límite de ayudas de minimis”.

Entre las exigencias formuladas al Estado sobresale la cobertura del 100% del coste de transporte para el sector platanero, una obligación amparada en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que actualmente no se está cumpliendo. Adicionalmente, el Gobierno autonómico ha solicitado la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas la adopción de medidas extraordinarias, una bonificación estatal a los precios de los combustibles, la rebaja de la carga fiscal en el IRPF para aliviar la pérdida de poder adquisitivo familiar y la creación de un fondo estatal para los ámbitos productivos más vulnerables.

Finalmente, el Gobierno de Canarias incide en la urgencia de contar con un reglamento específico que permita aplicar ayudas al margen del reglamento europeo de los denominados ‘minimis’, o en su defecto, que se autorice un incremento de sus umbrales actuales. Argumentan que el límite vigente, situado en el sector agrícola en 50.000 euros por beneficiario durante tres ejercicios fiscales, restringe la capacidad de intervención pública y no se adapta ni a las exigencias derivadas del escenario bélico ni a la propia realidad estructural del Archipiélago.