La Agencia Tributaria publicó el martes 26 de noviembre un informe, según el cual 27 grandes empresas multinacionales españolas, que ganaron más de 25 mil millones de euros en 2016, tributaron sólo 65 millones, el 0,3% de los beneficios que obtuvieron. Ese mismo año, murieron en España 30 mil personas dependientes sin llegar a cobrar la prestación de dependencia que ya tenían reconocida.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, estima que con un plan eficaz, y con personal suficiente para gestionarlo, se podrían recaudar en el país 40 mil millones de euros más y reducir el escandaloso porcentaje del 25% en que se estima la economía sumergida en España. También denuncia que el número de funcionarios de Hacienda necesarios para perseguir ese fraude se ha reducido los últimos años, en lugar de incrementarse. Mientras tanto, 10 personas se suicidan cada día por motivos económicos.

El Banco Santander obtuvo en 2015 unos beneficios de más de 3.455 millones de euros y de más de 2.300 millones en 2016, según sus declaraciones fiscales; pero no tributó ni un euro por esas ganancias. Lo mismo que Bankia y la mayor parte de las otras entidades financieras del país. En esos años, miles de personas fueron desahuciadas por no poder pagar sus hipotecas a esos mismos bancos, a los que el Gobierno del PP prestó para cubrir las pérdidas producidas por su mala gestión 65 mil millones de euros que no van a devolver.

Por su parte, las empresas eléctricas encarecen sus recibos cada año sin ninguna explicación convincente, a la vez que miles de personas sufren pobreza energética y no pueden pagar la luz ni la calefacción.

FRAUDE FISCAL, EVASIÓN DE CAPITALES Y DEJACIÓN DEL GOBIERNO

En este país existe un fraude fiscal reconocido de 90 mil millones de euros y una evasión de capitales a paraísos fiscales estimada en más de 400 mil millones. Mientras, distintos gobiernos nos dicen que no hay dinero para mejorar la vida de quienes perciben pensiones de miseria y salarios que no permiten llegar a fin de mes. Así, 400 mil pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se tienen que conformar con alrededor de 400 euros mensuales; más de 450 mil, receptores y receptoras de pensiones no contributivas, malviven también con 400 euros al mes, y más de 2.500.000 no sobrepasan los 700 euros mensuales.

Para lograr sus objetivos los grandes empresarios no dudan en valerse de paraísos fiscales, trucos financieros y otras artimañas que bordean la legalidad, y dan lugar a que unos gobiernos estatales, desaprensivos e irresolutos, no recauden los impuestos correspondientes a la riqueza real del país. Al contrario, en vez de atacar las raíces del problema, prefieren la opción más fácil de recortar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, subsidios de desempleo, pensiones, etcétera). Todos gastos sociales a los que obliga la Constitución de 1978, según la cual España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad. Asimismo, el artículo 31 de la Carta Fundamental española establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de

los gastos públicos mediante un sistema tributario justo y progresivo, y el artículo 128 dice que toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titularidad (es decir, tanto la pública como la privada) está subordinada al interés general.

Es evidente que los sucesivos gobiernos que hemos sufrido han hecho dejación de sus responsabilidades constitucionales. Los informes de Hacienda revelan con claridad que el sistema tributario, en vez de justo y progresivo es injusto y regresivo, inversamente proporcional a las ganancias de las empresas y la riqueza del escasísimo sector social que se beneficia de ellas: quienes más ganan menos pagan. La igualdad como valor superior brilla por su ausencia, pues es de sobra sabido que la desigualdad y la pobreza aumentan en nuestro país de una forma alarmante, a consecuencia de las políticas económicas contraproducentes aplicadas por los últimos gobiernos, no sólo durante los años de la crisis, sino también en los últimos cinco años de crecimiento económico.

EXIGIMOS LA GRAN REFORMA FISCAL QUE PRECISA EL PAÍS

Los y las integrantes de las plataformas y asociaciones para la defensa de las pensiones públicas, integradas en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), conocemos muy bien esta realidad y sus consecuencias y por eso venimos exigiendo, entre otras demandas no menos importantes, la gran reforma fiscal que necesita el país, el control efectivo de la economía sumergida y de la evasión fiscal y de capitales, y por supuesto, la adopción de medidas eficaces para acabar con la corrupción empresarial y política. Sólo así el próximo Gobierno que finalmente se constituya (si se logra) podrá disponer de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones sociales que impone la Constitución Española y precisan las ciudadanas y ciudadanos de las clases menesterosas y más desprotegidas del país.

Y si el nuevo Ejecutivo no lo hace, se lo demandaremos por todos los medios a nuestro alcance, en las calles y en las instituciones, porque el movimiento de pensionistas tiene bien claro que gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden. Y así vamos a seguir hasta lograr una vida más justa para las actuales y las futuras generaciones.

*Artículo de Opinión.

Por: Luis Pérez Serichol – vicepresidente y portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias.