Los vecinos de Santiago del Teide no pagarán la tasa por la recogida de residuos mientras el servicio esté “íntegramente cubierto con cargo al presupuesto municipal”, aseguró el alcalde, Emilio Navarro. Según el regidor, esta medida protege la economía de la ciudadanía y asegura que el ayuntamiento cumple la normativa vigente.

El pleno del Ayuntamiento aprobó la nueva ordenanza reguladora del servicio, exigida por la trasposición de la Directiva Europea (UE) 2018/851 y por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que obliga a los municipios a contar con un instrumento fiscal que financie la gestión de residuos.

Emilio Navarro destacó que el Ayuntamiento “ha hecho los deberes y ha aprobado una ordenanza completa, social y jurídicamente sólida y preparada para cualquier escenario futuro”. Añadió que “nuestro objetivo es claro: cumplir la ley, garantizar el servicio y proteger a los vecinos y vecinas”.

Para lograrlo, el consistorio aplicará una cuota cero, por lo que no se enviará ningún recibo a la población mientras el coste del servicio pueda cubrirse con el presupuesto municipal.

El acuerdo, adoptado por el pleno a propuesta del gobierno local, incluye además medidas para mitigar posibles impactos futuros. Según la ordenanza, “se establece un modelo basado en la justicia social garantizando que, si en algún momento hubiera que activar la tasa, su aplicación se produciría de forma progresiva, con protección total para las personas más vulnerables y con una mayor aportación por parte de quienes más residuos generan”.

El alcalde subrayó que “este servicio esencial está garantizado, la ley se cumple y los vecinos y vecinas no pagarán mientras no haga falta”. Añadió que “esta decisión responde a una forma de gobernar basada en la previsión, la responsabilidad y la buena gestión, evitando improvisaciones y garantizando estabilidad jurídica y social”.

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, tiene como objetivo fundamental garantizar la sostenibilidad financiera del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos en los municipios.

Su aplicación desde el pasado día 1 de enero, determinada por el Gobierno central, obliga a repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de la recogida, gestión, transporte y tratamiento de residuos.