El Pleno del Cabildo de Tenerife ha tomado conocimiento del Decreto de Presidencia dictado el pasado 16 de junio de 2026, mediante el cual se inicia formalmente el trámite de audiencia para la empresa promotora del Proyecto de Interés Insular (PII) denominado Underwater Gardens Park Tenerife. Esta iniciativa de capital privado, proyectada en el litoral del municipio de Guía de Isora, concretamente en la zona de Punta Blanca, afronta una fase crítica tras la emisión de un dictamen desfavorable por parte de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos (DIPE), cuyos análisis técnicos y jurídicos concluyen que la propuesta actual incurre en una serie de incumplimientos normativos que impiden continuar con su aprobación.

La propuesta original del parque fue estructurada en torno a un modelo regenerativo que pretendía entrelazar la investigación científica, la divulgación educativa y el ocio complementario al turismo, fundamentándose en la restauración de los ecosistemas marinos. Para ello, el diseño dividía las actuaciones en dos ámbitos inseparables desde el punto de vista funcional y conceptual: una intervención marina denominada Sea Garden, enfocada puramente en la regeneración subacuática, y un nodo terrestre bautizado como Garden Gate, concebido como el centro neurálgico de servicios, formación y divulgación. Sin embargo, la ordenación de la zona marina y de las franjas de protección ambiental del litoral excede el marco competencial del Cabildo de Tenerife, quedando estas áreas expresamente excluidas del PII de iniciativa privada, ya que la administración insular solo posee potestades para ordenar los terrenos calificados como suelo rústico común en el ámbito terrestre.

Según detalló la directora insular de la DIPE, Alicia Leirachá, la corporación requirió previamente a la empresa promotora una reformulación integral del documento con el objetivo de encajarlo en el marco legal vigente, salvaguardando la naturaleza regenerativa que motivó su consideración de interés insular. El examen minucioso de la documentación aportada y analizada a lo largo de 2026 determinó que persisten graves deficiencias estructurales que paralizan el proceso. Los informes técnicos y jurídicos emitidos subrayan que el promotor no ejecutó la reconfiguración obligatoria exigida, adolece de una definición técnica suficiente en las obras previstas y muestra una severa falta de concreción en los aspectos esenciales de la ordenación y gestión del futuro parque. Asimismo, el expediente carece de una justificación económica y financiera adecuada y no aporta las autorizaciones administrativas estatales e institucionales que son imprescindibles para intervenir en el dominio público marítimo-terrestre.

Esta falta de títulos habilitantes para el sector marino invalida de forma directa la viabilidad de la infraestructura terrestre. Los informes técnicos explicitan que espacios clave como los laboratorios científicos, las áreas de biodiversidad, las escuelas de formación en buceo y los centros de apoyo a la investigación dependen por completo de que se ejecuten las actividades subacuáticas de regeneración ambiental fuera de las competencias del Cabildo. Al no contar con garantías jurídicas sobre el medio marino, el proyecto pierde los presupuestos fundamentales y la mayor parte de los elementos que justificaron en su día la declaración inicial de interés insular.

La tramitación de este expediente ha experimentado notables dilaciones temporales que contradicen la naturaleza de los Proyectos de Interés Insular, concebidos legalmente como instrumentos de ordenación urbanística ágiles y ejecutivos que unifican de forma extraordinaria la evaluación ambiental, la ordenación y la aprobación de la gestión del suelo para permitir una ejecución inmediata de las obras. La DIPE, que asumió la gestión directa del procedimiento a finales de 2023 —casi dos años después de que se declarase el interés insular de la iniciativa—, ha acreditado múltiples y reiterados requerimientos de subsanación dirigidos a la empresa para corregir y completar la documentación. A pesar de los amplios plazos otorgados durante todo este periodo de tramitación, las exigencias normativas no se han terminado de cumplir formalmente.

Ante este escenario, y aplicando estrictamente la legislación de procedimiento administrativo común, el Cabildo de Tenerife ha otorgado al promotor un plazo improrrogable de quince días hábiles para que examine las actuaciones, formule las alegaciones pertinentes y aporte los documentos que estime necesarios en su defensa. Una vez expire dicho plazo, el servicio técnico procesará las manifestaciones de la empresa y elevará el expediente definitivo al Pleno del Cabildo de Tenerife, que intervendrá como el órgano sustantivo competente encargado de dictar la resolución jurídica definitiva que proceda sobre el futuro del complejo.