Noticias Tenerife El PSOE de Granadilla denuncia el gasto de casi 20.000 euros municipales en un acto que vinculan a la difusión de “teorías de la conspiración”

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El PSOE de Granadilla denuncia el gasto de casi 20.000 euros municipales en un acto que vinculan a la difusión de “teorías de la conspiración”

El Grupo Socialista califica los hechos de “escándalo”, anuncia la solicitud de un pleno extraordinario y estudia acciones legales por un presunto fraccionamiento de contratos en torno a la figura del concejal de VOX y el comunicador Miguel Rix.

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha emitido un comunicado este viernes en el que tilda de “escandaloso” y de “auténtica vergüenza” el destino de casi 20.000 euros de fondos públicos para lo que, según su versión, fue la financiación de un acto de difusión de teorías negacionistas y de la conspiración. La portavoz del PSOE, Jennifer Miranda, sostiene que bajo la apariencia de un homenaje al sector primario celebrado el pasado 20 de diciembre en el Casino XI de Junio, se organizó un evento con fines ideológicos con el beneplácito del alcalde, José Domingo Regalado, de Coalición Canaria.

Según detalla la formación socialista en su nota de prensa, durante el citado evento se proyectó el documental “El sector primario en Granadilla de Abona: una realidad en riesgo”, una cinta de 50 minutos dirigida por Miguel Rix, a quien el PSOE identifica como un “conocido negacionista y difusor de teorías de la conspiración”. Miranda afirma que el coste de esta producción superó los 10.000 euros y denuncia que, lejos de poner en valor el sector, el vídeo funciona como un “publirreportaje a mayor gloria” del concejal de Sector Primario, el edil de VOX José Sanabria. Los socialistas acusan a Sanabria de utilizar dinero público para financiar a personas de su entorno político.

En su denuncia, el PSOE llama la atención sobre el hecho de que el documental haya sido cedido exclusivamente al canal El ToroTV, una cadena que no se emite en Canarias. Para Jennifer Miranda, esta decisión evidencia que “todo queda en casa”, argumentando que en dicho canal colabora habitualmente Alfonso Caride, quien ejerce como asesor del propio concejal José Sanabria. Además, los socialistas aseguran que durante la mesa redonda organizada el mismo día 20 de diciembre, tanto el concejal de VOX como el director Miguel Rix aprovecharon para difundir ideario de ultraderecha, incluyendo la negación del cambio climático y críticas a la Agenda 2030 y a las políticas de sostenibilidad. El comunicado relata que esta deriva ideológica provocó el malestar de varios asistentes, algunos de los cuales —según los socialistas— abandonaron el acto, e incluso de participantes en la mesa redonda que manifestaron que no habían acudido para eso.

El Grupo Socialista aporta en su escrito un desglose detallado de los gastos que, según afirman, constan en el expediente municipal y elevan la gravedad del asunto. Según sus datos, se abonaron a Miguel Rix 1.500 euros por su ponencia y otros 1.500 euros por participar en la mesa redonda, subrayando que el resto de ponentes lo hizo de forma gratuita. A esto suman 1.000 euros por montaje y sonido, y 3.000 euros en concepto de pasajes, alojamiento, dietas y coche de alquiler para dos personas desde Asturias. El PSOE cifra en 7.000 euros el coste del acto presencial que, según su denuncia, fueron a parar al bolsillo de una persona vinculada a VOX, cifra que se suma al coste del documental.

Ante las preguntas formuladas por la oposición en el pleno del pasado 29 de enero, el alcalde José Domingo Regalado afirmó —recoge el texto— que había visto el documental y que el mismo “promociona a Granadilla de Abona”. No obstante, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que solicitará la celebración de un Pleno Extraordinario para esclarecer los hechos. Asimismo, informan de que están estudiando la posible existencia de un delito de fraccionamiento de contratos. El PSOE argumenta que el documental y el acto de presentación están “ineludiblemente unidos” y que, al superar el importe conjunto los 15.000 euros, el Ayuntamiento debería haber convocado una licitación pública, trámite que sospechan que se evitó dividiendo los conceptos.

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