La empresa pública del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, SERMUGRAN, se enfrenta a un notable incremento de la conflictividad laboral. Así lo han denunciado conjuntamente el sindicato Intersindical Canaria y el Comité de Empresa, órgano de representación legal en el que dicha formación cuenta con mayoría. Ambas organizaciones advierten que las condiciones de trabajo de la plantilla han experimentado un grave empeoramiento durante los últimos meses, señalando como principal detonante la reciente aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Este documento, destinado a organizar los empleos existentes y definir las funciones de cada profesional, ha sido duramente criticado por la representación laboral. Sostienen que la normativa interna se aprobó “deprisa, corriendo y de manera chapucera”, excluyendo por completo a los representantes de los trabajadores de su elaboración. Según las organizaciones sindicales, el único propósito de esta maniobra corporativa ha sido “parar la sangría de sentencias condenatorias que está sufriendo la empresa” a raíz de diversas demandas interpuestas por los empleados para reclamar el reconocimiento de categorías superiores.
El Comité de Empresa ilustra las deficiencias de la nueva RPT señalando incongruencias manifiestas en las funciones asignadas a distintos departamentos. Destacan el caso de la Coordinadora del Servicio de Atención Telefónica 010, a quien el documento le atribuye exactamente las mismas tareas que a un Oficial de Mantenimiento. Según lo expuesto, esta trabajadora administrativa debería asumir la supervisión y ejecución de obras en la vía pública, el mantenimiento de mobiliario urbano y la conducción de vehículos para el transporte de materiales. Igualmente, apuntan que las labores de los peones de recogida de basuras han pasado a coincidir en el papel con las de los peones de barrido. Ante esta situación, los representantes sindicales concluyen que el nuevo marco organizativo obliga al personal a desempeñar cualquier tipo de tarea “menos las que realmente realizan”.
Para Intersindical Canaria, estos “gravísimos errores” documentales responden directamente a los reveses judiciales sufridos por SERMUGRAN en los Juzgados de lo Social. El sindicato recuerda la situación de las auxiliares administrativas del Servicio de Atención Ciudadana, quienes llevan tiempo exigiendo el reconocimiento formal de la categoría de administrativa, acorde a las funciones reales que ejecutan. Ante la reiterada negativa de la entidad, las afectadas presentaron demandas individuales que han sido resueltas a su favor de forma continuada. La organización denuncia que la dirección optó por aprobar urgentemente la RPT para integrar las funciones de rango superior dentro del puesto de auxiliar, intentando justificar estas labores ante los tribunales para no tener que aplicar la correspondiente mejora salarial a las trabajadoras. Esta sucesión de alteraciones ha generado un clima de profunda inquietud y malestar generalizado en la plantilla.
Más allá de la controversia normativa, Intersindical Canaria y el Comité de Empresa alertan de prácticas cotidianas que vulneran los derechos laborales. Aseguran que en el día a día se producen continuas amenazas de despido por parte de los responsables municipales y relatan episodios concretos, como el de una empleada a la que se le exigió recuperar las horas de un permiso por un “deber inexcusable”. La normativa laboral establece el carácter retribuido de las ausencias necesarias para cumplir obligaciones penales, civiles o administrativas ineludibles, por lo que la exigencia de la empresa contraviene la legalidad vigente.
Asimismo, los representantes laborales advierten de alteraciones sustanciales en los contratos destinados a cubrir bajas médicas. Cuando se recurre a la lista de reserva, a las personas seleccionadas se les imponen unas condiciones radicalmente diferentes a las del trabajador al que van a sustituir, bajo la advertencia de que no serán contratadas si deciden rechazarlas. A juicio del Comité de Empresa, esta táctica busca modificar las condiciones laborales encubiertamente para evitar la ampliación real de la plantilla.
La suma de todas estas circunstancias ha deteriorado el clima laboral dentro de SERMUGRAN hasta el punto de que varios empleados han solicitado ya la activación del protocolo frente al acoso laboral. Frente a este crítico escenario, Intersindical Canaria y el Comité de Empresa concluyen su denuncia haciendo un llamamiento a los responsables políticos de la entidad mercantil para que reflexionen, retomen la vía del diálogo y abran una negociación conjunta. Su objetivo final, aseguran, es restablecer un entorno de trabajo adecuado que permita seguir prestando a la ciudadanía de Granadilla de Abona el mejor servicio en las condiciones óptimas.
