Las tres principales administraciones implicadas —el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arafo— han formalizado un convenio específico de cooperación para la edificación de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio tinerfeño. El acuerdo, suscrito el pasado 29 de diciembre de 2025 y publicado recientemente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), tiene como objetivo principal ampliar el parque público de vivienda destinada al alquiler.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, dirigida por Pablo Rodríguez, articula esta colaboración a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). La operación movilizará un presupuesto global de 4.794.769,55 euros, garantizando la cobertura financiera necesaria para la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución material de los inmuebles, así como la urbanización del entorno para dotarlo de servicios básicos.
Desglose de la financiación y aportaciones
El esquema financiero del proyecto se sustenta en una colaboración interadministrativa. El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), bajo la dirección de Antonio Ortega, asume el peso mayoritario de la inversión, aportando el 60% del total, lo que se traduce en una partida de 2.876.861,73 euros.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife financia el 40% restante, contribuyendo con 1.917.907,82 euros. El papel del Ayuntamiento de Arafo es igualmente clave, ya que su aportación consiste en la cesión gratuita del suelo urbano consolidado de titularidad municipal donde se levantará el edificio, además de aportar el proyecto de urbanización de la vía correspondiente.
Ubicación y plazos de ejecución
La promoción se ubicará en la calle Antonio Hernández Rodríguez, en su intersección con la calle Nivaria. Según estipula el convenio, la gestión de las obras recaerá sobre el Cabildo de Tenerife, estableciéndose un plazo estimado de ejecución de 20 meses.
Una vez finalizada la construcción, la titularidad de las viviendas será transferida al ICAVI. El organismo autonómico será el responsable de su inscripción registral, su calificación definitiva como inmuebles protegidos de promoción pública en régimen de arrendamiento y su incorporación formal al parque público de viviendas de la comunidad autónoma.
