Las administraciones públicas canarias y las fuerzas de seguridad han establecido una estrategia unificada para abordar de manera inmediata el problema de los asentamientos ilegales en el municipio tinerfeño de Adeje. Durante una reunión de trabajo celebrada el pasado jueves 18 de junio, el equipo de Gobierno local, la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (ACPMN) trazaron una hoja de ruta con el objetivo de frenar un fenómeno que ha empeorado en los últimos meses. La iniciativa, convocada por el área de Seguridad que dirige la concejal Mercedes Vargas Delgado, contó también con la participación de juristas municipales y diversos miembros de la corporación para asegurar que todo el proceso cuente con plenas garantías legales.

Las zonas afectadas por este repunte de infraviviendas e instalaciones irregulares se concentran principalmente en los núcleos de El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta. Según detallaron las autoridades, este fenómeno ha experimentado una transformación en su tipología, ya que ha evolucionado desde un uso residencial esporádico o puntual hacia un entramado de arrendamientos irregulares de larga duración e, incluso, ofertas de alquiler vacacional fuera de la legalidad. Esta proliferación ha acarreado problemas medioambientales y sanitarios para el entorno costero y residencial de Adeje. Entre los riesgos reales que amenazan la salud pública y el ecosistema natural se constata la acumulación masiva de residuos, la aparición de plagas, el vertido directo de aguas residuales al mar y un peligro constante de incendios forestales y urbanos.

Ante esta situación, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Mª Montserrat Ortega Montesdeoca, aclaró la delimitación de competencias en este escenario. Aunque este organismo autonómico se encarga de tramitar los expedientes de restablecimiento de la legalidad y los procedimientos sancionadores de forma individual ante cada infracción urbanística, la gestión integral de un núcleo completo de asentamientos corresponde de forma directa al ámbito de las competencias municipales.

En este sentido, Ortega Montesdeoca comunicó al consistorio que posee el respaldo jurídico necesario para iniciar un procedimiento de oficio contra los propietarios de los terrenos debido a la acumulación ilícita de desechos, además de la facultad de requerir su autorización formal para ejecutar los desalojos. Asimismo, la agencia autonómica brindará apoyo técnico y operativo en aquellas zonas de servidumbre marítimo-terrestre que entren bajo su jurisdicción.

Por su parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Adeje ratificaron que la vía de actuación consistirá en la apertura de expedientes individualizados para cada una de las edificaciones o infraviviendas detectadas, rigiéndose estrictamente por la Ley del Suelo vigente. Este enfoque busca garantizar la solidez jurídica de las futuras intervenciones, permitiendo a su vez que la ejecución material del desalojo y desmantelamiento pueda llevarse a cabo de manera simultánea y conjunta con el Servicio de Costas y la propia Agencia del Medio Natural.

El perfil socioeconómico de los ocupantes también fue objeto de análisis durante el encuentro. El concejal de Presidencia y Urbanismo, Manuel Luis Méndez Martín, desvinculó la problemática de una crisis de vivienda, asegurando que la mayor parte de las estructuras localizadas corresponden a segundas residencias o a la elección de formas de vida alternativas, descartando que se trate de situaciones de extrema necesidad habitacional.

Méndez Martín defendió la urgencia de intervenir basándose en el éxito de la pasada actuación en el sector de Diego Hernández. En aquella ocasión, un trabajo previo de notificación a los ocupantes propició que, en el momento del desmantelamiento final, solo permaneciera una persona en el lugar, lo que demuestra que una planificación adecuada minimiza el impacto social y maximiza las garantías del proceso.

En sintonía con este diagnóstico, la concejal de Bienestar Comunitario y Cohesión Social, Raquel Rodríguez Alonso, confirmó que el Ayuntamiento dispone de un censo detallado que identifica plenamente a las personas que habitan en dichos asentamientos. Rodríguez Alonso remarcó que la inmensa mayoría de los residentes no se encuentra en situación de vulnerabilidad o exclusión social. No obstante, especificó que se ha detectado un número reducido de casos delicados que ya reciben seguimiento por parte de los Servicios Sociales municipales, garantizando que el consistorio activará todas las respuestas asistenciales posibles dentro de sus competencias para proteger a estas personas en caso de que se ejecuten los desalojos. Como resolución final de la mesa de trabajo, las instituciones implicadas acordaron coordinar de manera simultánea los procesos de identificación y notificación a los infractores, estableciendo canales de comunicación directa para agilizar todos los trámites administrativos.