La investigación partió de la denuncia de un inversor al que estafaron 31.000 euros
Los agentes siguieron el rastro de la empresa de inversiones, en realidad un broker no regulado con domicilio a efectos de notificación en Londres
Los investigadores, que contaron con la colaboración de Interpol, rastrearon el dinero del estafado hasta una cuenta bancaria lituana
La investigación de una denuncia por estafa en el ámbito de inversiones en empresas llevó a destapar la existencia de un chiringuito financiero que operaba, a través de diferentes personas, captando telefónicamente a futuras víctimas y convenciéndolas para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas.
La víctima es captada telefónicamente
Hace un año, el perjudicado recibió reiteradas llamadas de teléfono de un individuo que decía trabajar para un empresa de inversiones. Esta persona se ofrecía para ponerle en contacto con un supuesto asesor vinculado a la plataforma de inversión.
Inicialmente, con pequeñas inversiones que ofrecieron beneficios, ganaron la confianza del perjudicado hasta que llegó un momento en que, para recuperar el dinero, le pedían que invirtiera fuertes sumas de dinero en criptomonedas.
Finalmente, tras recibir largas y falsas promesas, no pudo recuperar los 31.000 euros invertidos a través de la empresa y puso los hechos en conocimiento de las autoridades.
La Policía Nacional destapa un chiringuito financiero
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal destaparon lo que los organismos reguladores definen como chiringuito financiero. Un montaje para, mediante engaño, obtener dinero de particulares, utilizando intermediarios para conseguirlo y dificultar así el rastreo del mismo. De hecho, la página web de la supuesta empresa estaba hecha para transmitir seguridad y confianza a los potenciales clientes.
Los agentes detectaron que el dinero invertido por la víctima había sido transferido finalmente a una cuenta bancaria en Lituania, cuyo beneficiario vivía en Estonia.
La investigación de los hechos, en conocimiento de la autoridad judicial, ha supuesto en la práctica la cooperación internacional entre autoridades policiales y judiciales.
A través de estas autoridades ha sido solicitado el bloqueo de las cuentas corrientes de la empresa y la detención de las personas presuntamente responsables de los hechos.
Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.
