Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la isla de La Gomera, han incautado más de 28 kilogramos de pescado y marisco que eran transportados en un vehículo a motor de manera irregular. Esta intervención se llevó a cabo en el ejercicio de las funciones habituales de control y vigilancia de la pesca marítima, así como de la protección de los recursos marinos.
El servicio se enmarca de manera específica dentro de las directrices del Programa Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). La actuación fue el resultado de diversas labores de investigación y vigilancia previas, desarrolladas en estrecha colaboración con profesionales del sector pesquero y otras entidades vinculadas al sector primario, quienes habían alertado a las autoridades sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos pesqueros.
Interceptación del vehículo y deficiencias detectadas
Como resultado del dispositivo de seguridad establecido por el cuerpo, los agentes lograron interceptar un vehículo de carga destinado al transporte de productos del mar.
Durante la inspección exhaustiva de la carga, la Guardia Civil comprobó que la mercancía estaba compuesta concretamente por camarones, morenas, brecas y cabrillas.
Los agentes constataron de inmediato que se carecía por completo de la documentación reglamentaria necesaria para acreditar el origen legal de dichas capturas.
Además de la falta de trazabilidad del producto, las autoridades detectaron graves deficiencias en las condiciones de conservación del pescado y el marisco, ya que no se estaba garantizando adecuadamente el mantenimiento de la cadena de frío durante su traslado.
Destrucción del producto y normativa infringida
Ante la manifiesta imposibilidad de acreditar la procedencia lícita de las capturas y el evidente riesgo que su posible comercialización suponía para la salud pública de los consumidores, la Guardia Civil procedió a la intervención de la totalidad de la mercancía y a su posterior destrucción, evitando de este modo su entrada en la cadena de consumo.
Por todos estos hechos, los agentes actuantes han confeccionado las correspondientes denuncias por infracciones administrativas basándose en la normativa vigente.
Específicamente, las actas se amparan en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.
En ambos textos legales, estas acciones están calificadas como infracciones graves, acarreando unas sanciones económicas que oscilan entre los 601 euros y los 60.000 euros.
Advertencia sanitaria a los consumidores
A raíz de esta actuación, la Guardia Civil ha emitido un recordatorio a la ciudadanía señalando que la compra y venta de productos pesqueros fuera de los cauces legalmente establecidos supone un riesgo directo para la salud pública, además de dificultar enormemente la protección de los recursos marinos.
Por este motivo, la institución armada recomienda a la población adquirir este tipo de productos alimenticios únicamente en establecimientos comerciales autorizados que puedan garantizar en todo momento su correcta trazabilidad y su total seguridad alimentaria.
