La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado una investigación formal a raíz de la agresión sufrida por un menor de 12 años con discapacidad en el barrio de San Isidro, perteneciente al municipio tinerfeño de Granadilla. Los hechos, confirmados por fuentes institucionales a la agencia Europa Press y reportados por la cadena RTVC, han tomado notoriedad pública tras la difusión y viralización de las imágenes del ataque a través de diversas redes sociales.
De acuerdo con la información divulgada en los informativos de Televisión Canaria, el episodio de acoso y violencia habría sido perpetrado presuntamente por otros cuatro menores. Las grabaciones, que han acumulado numerosas visitas en internet, muestran cómo la víctima es obligada a arrodillarse. Mientras un individuo registra la escena específicamente con el objetivo de difundirla, hasta otros tres agresores proceden a propinarle golpes y humillaciones.
El caso salió a la luz pública gracias a la intervención de Laura Fabelo, madre del menor agredido, quien decidió acudir tanto a la Policía para interponer una denuncia formal como a los medios de comunicación. El suceso se mantuvo oculto para la familia durante semanas. Durante su testimonio emitido en el espacio Telenoticias 2, Fabelo relató el impacto del hallazgo y compartió su testimonio de forma directa: “Imagínese como madre cómo estoy al ver esos vídeos que se han hecho virales. Mi hijo en un mes no me ha querido contar nada y me entero por otra madre. Pues he tenido que coger la baja para ayudarlo a él y para ayudarme a mí también”.
Como consecuencia de estos actos, el niño de 12 años se encuentra actualmente bajo tratamiento psicológico, requiriendo cuidados constantes que han motivado la baja laboral de su madre.
En el ámbito administrativo, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado que no puede activar el protocolo oficial contra el acoso escolar. Según se extrae de las fuentes citadas, el marco regulador impide la activación de dicho mecanismo debido a que la víctima y los presuntos agresores no cursan sus estudios en el mismo centro educativo, por lo que el recorrido legal del caso recae íntegramente sobre las autoridades policiales y judiciales.
La madre de un menor denuncia la agresión por parte de otros menores a su hijo con discapacidad. Ocurrió en el sur de Tenerife. La consejería de Educación no puede actuar porque los menores no comparten centro educativo. pic.twitter.com/JO4McDUNLm
— Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) April 15, 2026
