En la próxima sesión plenaria que se celebrará el jueves 26 de septiembre en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el Grupo de VOX presentará una propuesta que busca condenar el proceso electoral celebrado en Venezuela el 29 de julio de 2024, alegando la falta de garantías en dicho proceso.
José Sanabria, portavoz de VOX, enfatiza que esta iniciativa sigue el ejemplo de su compañero en Adeje y propone que, junto a las fuerzas políticas municipales, la administración pública y organizaciones civiles, se pida urgentemente una investigación sobre la situación en Venezuela “desde nuestro municipio”.
Desde la formación respaldan la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela e indican que la defensa de la libertad en el país caribeño es “una máxima” para VOX, por lo que, el apoyo hacia el líder opositor Edmundo se extenderá a otras instituciones canarias. Es de destacar que tanto el Congreso como el Senado español, y el Parlamento Europeo, ya han reconocido recientemente a Urrutia como presidente electo de ese país.
En ese sentido, Sanabria argumenta que durante más de 25 años, Venezuela ha luchado por restaurar su salud democrática, enfrentándose a significativas adversidades que reflejan el deterioro democrático, como la represión de la oposición, el control mediático, la violación de derechos humanos y elecciones manipuladas, acciones que comenzaron con Hugo Chávez y continúan bajo Nicolás Maduro.
Ante esta situación, VOX buscará el respaldo de todos los partidos políticos venezolanos legalmente constituidos en Canarias, así como de aquellas organizaciones que puedan contribuir a defender los derechos de los ciudadanos venezolanos nacidos y residentes en Granadilla de Abona. Esto incluye la firma de un plan de acción municipal que promueva la ayuda, información, integración y derechos que les asistan según las leyes españolas. Además, se solicitará la creación de una agenda de trabajo destinada a identificar los problemas y posibles soluciones para la comunidad venezolana en el municipio sureño.
Sanabria concluye afirmando que el gobierno de Canarias debe condenar la falta de transparencia y las violaciones de los derechos políticos consagrados en la constitución, así como las inhabilitaciones personales, las acciones en contra de los partidos políticos postulantes, las intimidaciones y las limitaciones que deberían ser inaceptables en cualquier sistema democrático.
