Por Jorge Marichal, presidente de Ashotel | El pasado 18 de mayo, muchos ciudadanos se manifestaron en distintas islas para expresar su preocupación por problemas que nos afectan a todos y que, en gran parte, se atribuyen a la actividad turística. Desde el sector hotelero de Canarias respetamos ese ejercicio democrático y lo consideramos legítimo y necesario, siempre que sea pacífico y ordenado.

De hecho, desde Ashotel queremos dejar claro que compartimos muchas de las reclamaciones planteadas. Porque, en realidad, estamos más cerca de lo que parece.

Las personas que se manifestaron exigen soluciones a problemas reales: la falta de depuración de aguas, la presión sobre el acceso a la vivienda, la saturación de infraestructuras y una desidia política que nos afecta a todos los que vivimos en las islas. También nosotros, desde el sector turístico, sufrimos las consecuencias de una gestión política ineficaz.

Desde hace años, en el sector hotelero operamos bajo criterios de sostenibilidad y un estricto cumplimiento normativo. Los hoteles no vierten aguas residuales sin tratar ni funcionan al margen del control ambiental. Al contrario: somos los primeros interesados en conservar el entorno. Sin un territorio sano, no hay destino de calidad. Los datos lo reflejan: el gasto medio por turista ha aumentado, lo que demuestra que el modelo de calidad está funcionando.

En Ashotel no somos ajenos al malestar y sí tenemos una parte que nos compete. Ahí es donde podemos actuar: la negociación colectiva. A pesar de tener un convenio colectivo en vigor hasta 2026, hemos abierto con los sindicatos la mesa de negociación para, entre otros aspectos, pactar una subida de salarios y abordar medidas que redunden en otras mejoras laborales y que solventen problemas que nos perjudican a todos, empresarios y trabajadores, como es el de los altos índices de absentismo, que ya estamos estudiando con el Gobierno de Canarias a través de un proyecto piloto.

Pero es fundamental aportar rigor al debate. Desde 2003 existen moratorias y restricciones muy estrictas al desarrollo de nuevas plazas hoteleras. Además, se ha desclasificado una parte significativa del suelo previamente destinado al uso turístico. Esto significa que no es posible construir nuevos hoteles, salvo unas pocas excepciones relacionadas con productos de alta exigencia y estándares de calidad. Es importante aclarar que están hoy en construcción son el resultado de proyectos que empezaron a gestionarse hace décadas, no fue una decisión de ayer, ni mucho menos.

El verdadero crecimiento ha estado en otro ámbito: el de las viviendas vacacionales (VV). Según datos del último IMPACTUR Canarias (2023), desde 2009 el 80% del incremento total de plazas turísticas corresponde a este tipo de alojamiento. Esta modalidad, regulada exclusivamente por las administraciones públicas, ha absorbido la mayor parte del incremento de visitantes, no los hoteles.

Aun así, el verdadero problema no radica en el número de turistas. Canarias ha experimentado un notable crecimiento y desarrollo económico en las últimas décadas, impulsado en gran parte por el turismo, lo que ha convertido al archipiélago en un lugar cada vez más atractivo para vivir. Como consecuencia, la población residente ha crecido más de un 33% desde el año 2000. El reto no es ese crecimiento en sí, sino que no ha venido acompañado de una inversión pública proporcional. Es decir, mientras la economía y la población han avanzado, los servicios e infraestructuras no han seguido el mismo ritmo. El problema, por tanto, no es del turista ni del residente: es administrativo y político.

Esto resulta aún más difícil de entender si se considera que, solo en impuestos, el turismo canario aporta más de 3.400 millones de euros, una cifra que supera el presupuesto autonómico destinado a áreas clave como educación, industria o vivienda. Con esos recursos, cabría esperar una mejora sustancial en infraestructuras y servicios para todos los que vivimos y trabajamos en las islas. Sin embargo, no ha sido así.

Nuestro compromiso es firme: estamos dispuestos a escuchar, corregir lo que sea necesario y construir juntos. Hacemos nuestra parte, y seguiremos haciéndola. Pero también creemos que Canarias merece una gestión pública a la altura de sus desafíos. No es justo (ni útil) cargar exclusivamente sobre el turismo culpas que corresponden a decisiones políticas que no se han tomado o que se han tomado tarde y mal.

No estamos en trincheras enfrentadas. Compartimos las mismas islas, los mismos problemas y el mismo objetivo: que Canarias sea un lugar próspero, habitable y justo para todos.