El abultado coste de mantener un techo y el incremento de la desprotección entre los menores han detenido los avances logrados en Canarias tras la pandemia en materia de cohesión social. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se ha estancado en el archipiélago en el 31,2%, exactamente el mismo porcentaje que el año anterior, interrumpiendo así una racha de cuatro años consecutivos de descensos.

Esta parálisis estadística se traduce en que más de 704.000 residentes —casi uno de cada tres canarios— viven atrapados en la vulnerabilidad, situando a las islas con el cuarto peor registro entre las comunidades autónomas, únicamente superadas por Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, y 5,5 puntos porcentuales por encima de la media estatal (25,7%).

Los datos proceden del informe “El estado de la pobreza. Canarias. 2026“, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025. El documento ha sido entregado esta mañana del 15 de octubre de 2026 en la sede de la Cámara autonómica a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, por parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias).

Tras el acto institucional, el vicepresidente de la organización, Fernando Rodríguez García, ha presentado en rueda de prensa las conclusiones de una radiografía social donde advirtió de que la pobreza y la exclusión social “se enquistan en el archipiélago”. Según expuso Rodríguez García, “el estancamiento evidencia que el crecimiento económico y las mejoras en algunos indicadores no bastan para reducir de forma sostenida la vulnerabilidad social en las islas”.

El asfixiante peso del alquiler y la hipoteca

Uno de los motores principales de esta precariedad reside en el mercado inmobiliario. El estudio constata que “el acceso y el mantenimiento de una vivienda constituyen uno de los principales factores de empobrecimiento en Canarias”, dado que su coste “absorbe recursos que los hogares necesitan para cubrir la alimentación, el transporte y otras necesidades básicas”. La brecha habitacional resulta determinante: casi la mitad de quienes viven de alquiler a precio de mercado, concretamente el 45,4%, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 27,2% registrado entre quienes residen en una vivienda en propiedad.

El encarecimiento acumulado durante la última década agrava el problema y condiciona la capacidad de las familias para atender el resto de sus necesidades. Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa en las islas aumentó un 74,5%, llegando a duplicarse en el caso de la vivienda nueva con una subida del 101,7%.

En paralelo, el gasto mensual medio destinado al alquiler creció un 73,5% entre 2014 y 2025, pasando de 339 a 588 euros. Como consecuencia directa, unas 293.000 personas acumulan retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. A este escenario se suma el impacto de la pobreza energética, que provoca que unas 252.000 personas experimenten demoras en el abono de suministros básicos como electricidad, agua o gas, y que alrededor de 430.000 ciudadanos no puedan mantener su hogar a una temperatura adecuada.

Más de la mitad de las islas no llega a fin de mes

Esta presión financiera lastra la economía doméstica y limita el descanso, las relaciones personales y la participación social de los isleños. Más de la mitad de la población canaria, el 54,2% (más de 1.233.000 personas), sufre dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, prácticamente uno de cada dos residentes, el 49,9% (alrededor de 1.135.000 personas), carece de liquidez para afrontar un gasto imprevisto, un indicador que empeora respecto al ejercicio previo y que supera en 13,5 puntos la media nacional.

Las privaciones cotidianas se extienden a otros ámbitos de la vida diaria. El 39,3% de los canarios —casi cuatro de cada diez, unas 893.000 personas— no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año, y otro 35,9% (alrededor de 816.000 ciudadanos) no tiene recursos para sustituir muebles viejos o estropeados, proporción que también ha empeorado en el último balance.

En el plano relacional, el 15,2% de la población no puede participar regularmente en actividades de ocio como deportes, cine o conciertos, mientras que el 10,6% —más de una de cada diez personas— ni siquiera puede reunirse con amistades o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes.

La infancia y los colectivos con desigualdades estructurales

El informe pone especial énfasis en quienes acumulan desigualdades estructurales, alertando del repunte de la pobreza infantil. La tasa AROPE en este grupo de edad ha subido 0,9 puntos respecto al año anterior hasta alcanzar el 41,1%, afectando ya a unos 91.000 niños, niñas y adolescentes (más de cuatro de cada diez menores). Canarias registra así la cuarta tasa más alta del país y rebasa en 7,3 puntos el promedio estatal.

Desde EAPN Canarias advierten de que estos menores “crecen en condiciones de vulnerabilidad que pueden limitar sus oportunidades educativas, su bienestar y su participación social”, y subrayan que “esta realidad exige reforzar la protección de la infancia y el apoyo a los hogares con menores para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

La radiografía demográfica confirma además que las mujeres continúan estando más expuestas a la precariedad: hay 370.000 afectadas, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 32,1%, frente al 30,2% de los hombres. También se deteriora la situación entre los mayores de 65 años, grupo en el que unas 671.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuya tasa de carencia material y social severa ha subido del 8,7% al 9,8%.

Entre las personas con discapacidad, la tasa AROPE escala al 37,8%, diez puntos por encima de quienes no tienen discapacidad. A esta radiografía se unen los hogares monoparentales, con un índice AROPE del 20,1%, y la población de nacionalidad extracomunitaria, que registra un 21,7%, evidenciando una mayor desprotección en estos colectivos.

Radiografía de rentas, empleo precario y pobreza severa

Tener un puesto de trabajo tampoco actúa ya como un escudo infalible: el estudio subraya que contar con un empleo “no garantiza ingresos suficientes para sostener una vida digna”, dado que unas 400.000 personas ocupadas en las islas están en riesgo de pobreza o exclusión social, el 17,6% de los trabajadores. A la vez, repunta la baja intensidad de empleo en el hogar —familias cuyos miembros en edad laboral trabajan menos del 20% de su potencial—, que sube del 10,4% al 11,6% entre la población de 0 a 64 años (unas 214.000 personas). Este registro coloca al archipiélago como la segunda comunidad con la tasa más elevada del país, muy por encima del 8% estatal, y se vincula directamente con el elevado riesgo de pobreza entre los desempleados, que alcanza el 63%.

En cuanto a los indicadores monetarios específicos, la tasa de pobreza general se ha reducido del 24,6% al 22,9%, aunque sigue afectando a más de medio millón de personas y supera en 3,4 puntos la media estatal (19,5%). Por su parte, la pobreza severa desciende respecto al año anterior y se sitúa en el 8%, igualando el promedio nacional, lo que implica que unas 182.000 personas sobreviven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo. En paralelo, la tasa global de carencia material y social severa (CMSS) —que contabiliza a quienes no pueden costear bienes, servicios y actividades considerados básicos para una vida digna— baja del 10,8% al 9,3%.

Sin embargo, la desigualdad de renta persiste como uno de los problemas más profundos. La renta media por persona en Canarias es de 1.185 euros mensuales, 117 euros menos que la media nacional. En 2025, los ingresos del 10% más rico de la población isleña multiplicaron por 8,6 los del 10% más pobre; una brecha que, pese a mejorar 1,6 puntos respecto al ejercicio previo, continúa reflejando una desigualdad estructural en el territorio.

Exigencias ante las elecciones generales del 29 de noviembre

El análisis demuestra que la red pública de protección es vital pero no basta por sí sola. Según recoge el texto, “el Estado de bienestar sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, pero resulta claramente insuficiente”. En Canarias, las transferencias, ayudas y prestaciones públicas han evitado que 430.000 personas cayeran en la pobreza; sin esta intervención, la tasa se dispararía 21,3 puntos adicionales.

Con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que marcarán el rumbo institucional de la próxima legislatura, y en un momento en que el clamor por el derecho a una vivienda digna protagoniza el debate político y social en España, EAPN Canarias exige que estas demandas ciudadanas “se traduzcan en políticas públicas y compromisos concretos para garantizar una vida digna”, pidiendo a los partidos que coloquen en el centro de sus programas los derechos y necesidades de los más vulnerables.

Para revertir el estancamiento de la tasa AROPE, el alza de la pobreza infantil y la asfixia inmobiliaria, EAPN-ES plantea a las candidaturas tres ejes prioritarios de actuación: “mejorar la cobertura, suficiencia y accesibilidad del sistema de garantía de rentas, para que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y permitan cubrir sus necesidades básicas”; “garantizar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna y asequible, evitando que su coste empuje a los hogares hacia la pobreza o agrave las situaciones de vulnerabilidad”; y, en tercer lugar, “avanzar hacia un empleo estable, con salarios suficientes y condiciones laborales dignas, para que trabajar permita vivir con seguridad y autonomía”.

En definitiva, la organización reclama para el archipiélago “respuestas estables y coordinadas entre administraciones, que conviertan la lucha contra la pobreza en una prioridad política sostenida y hagan efectivos los derechos de todas las personas”.