La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de S/C de Tenerife ha puesto al descubierto las condiciones abusivas que sufrían una veintena de trabajadores.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de S/C Tenerife (Equipo de delitos contra las Personas- EMUME de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife), en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Puerto de la Cruz y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con sede en S/C de Tenerife han desarrollado una investigación policial que se inició a finales del mes de noviembre de 2016, y que se originó tras detectar la Inspección de Trabajo una serie de aspectos sospechosos y la recepción de una denuncia anónima en la que se informaba que los empleados de una residencia de la tercera edad estaban obligados a devolver a la empresa un porcentaje de la nómina que recibían mensualmente por transferencia bancaria.

La empresa es la propietaria de una conocida residencia de rehabilitación geriátrica ubicada en la zona norte de la Isla, y que presta sus servicios tanto de forma privada como concertada.

Tras iniciarse la investigación de forma discreta se pudo llegar a determinar que la noticia era veraz y se llegó a conocer que hasta el verano de 2016 la empresa abonaba a sus empleados la nómina  mensual en metálico; pero el importe que efectivamente se entregaba a los empleados era inferior al que constaba en las nóminas que debían de firmar; es decir, la empresa se quedaba con un porcentaje de cada nómina, variable en función del sueldo de cada empleado. Además, la empresa no abonaba las pagas extras de verano y navidad, pero sin embargo los empleados firmaban esa nómina extra como cobrada.

Esa política de la empresa cambió a partir del verano de 2016, pasando a pagar mediante transferencia bancaria; desde entonces cada empleado cobraba por transferencia el importe que constaba en la nómina, pero tenía la obligación de devolver una cierta cantidad en los siete siguientes días a la fecha de cobro (la primera semana del mes), cantidad que debían de poner en metálico en un sobre que tenían que introducir, con su nombre escrito en el exterior, en un buzón que tiene la empresa instalado al efecto.

Los hechos resultaban realmente llamativos, en tanto que los empleados realizaban turnos de trabajo completos, pero el dinero efectivamente cobrado (deducido el porcentaje que tenía que devolver) era realmente escaso, no superando en muchos casos los 700 € mensuales.




Tras confirmarse tales aspectos y detectar que el número de empleados afectados podría alcanzar una veintena, se acordó, previa autorización judicial, practicar una entrada y registro en la zona de administración de la residencia geriátrica, donde fue localizado el buzón antes mencionado, conteniendo en su interior un total de doce sobres correspondientes a otros tantos empleados, en los que estaban depositados algo más de 2.600 € en efectivo. Además se intervino documentación y sistemas informáticos para su estudio.

Del resultado de la investigación se determinó que los empleados estaban siendo víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores de forma continuada y desde hace años, probablemente desde el año 2009, puesto que así lo indicó un ex empleado. Además se detectaron indicios de la existencia de un delito de Blanqueo de  Capitales, en razón al dinero que la empresa recuperaba de las devoluciones de sus empleados.

Por tales delitos fueron detenidos el administrador de la empresa como persona directamente responsable, su hijo y a la vez director de la residencia y una supervisora de confianza de la empresa, que posteriormente serían puestos a disposición del Juzgado de Instrucción  nº 1 de Icod de los Vinos.

La respuesta de todos los trabajadores acerca de la razón por la que accedían a devolver parte de su sueldo a la empresa siempre fue la misma: si no lo hacían eran conocedores de que perderían su puesto de trabajo, y muchos de ellos eran los únicos que aportaban sueldo a sus unidades familiares. Incluso, algunos de ellos habían sido contratados de forma temporal firmando un documento de baja voluntaria en blanco desde el mismo momento de su contratación.

Aunque la cuantía de dinero que la empresa recuperaba de las nóminas de sus empleados pudiera parecer relativamente escasa, lo cierto es que la Guardia Civil considera que esa conducta delictiva podía reportar a la empresa unos beneficios    directos y no declarados de unos 30.000 € anuales.