Gobierno insular y ONGs admiten que en la Isla no hay recursos de acogida para familias con menores que se quedan sin techo.
La reunión celebrada el viernes en el Cabildo de Tenerife entre representantes de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, la Plataforma de Afectados de Visocan en San Matías, Cáritas, la directora insular de Vivienda (Marta Arocha), el consejero del grupo insular de Podemos Julio Concepción, y el concejal de Izquierda Unida en Granadilla de Abona Félix Hernández, se saldó con el acuerdo de convocar Consejo Insular de Vivienda en las próximas semanas para analizar en profundidad los problemas derivados de los desahucios y de desalojos como el que dejó en la calle la semana pasada a alrededor de 40 familias que habían ocupado un edificio en construcción de San Isidro (Granadilla de Abona) que quedó abandonado en 2008 y que es propiedad del banco Santander. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no pudo asistir al encuentro pero siguió de cerca la reunión.
Durante el encuentro quedó claro que en Tenerife no hay red de viviendas ni centros públicos ni privados en los que acoger a las familias con menores víctimas de desahucios o desalojos, con lo que la principal opción que se daba hasta ahora a esas familias era dividirse: madres y menores se derivaban a los recursos de acogida existentes para mujeres, mientras que los padres eran remitidos a recursos para hombres. Y, como se explicó durante la reunión, desde la entrada en vigor del proyecto Base 25, Cáritas y el resto de colectivos y administraciones que trabajan en esta iniciativa intentan negociar con los bancos un alquiler social o gestionan la búsqueda de una alternativa habitacional o incluso el pago de un alquiler.
El portavoz de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, Israel Ojel (que representa a numerosas familias en exclusión residencial como las desalojadas por orden judicial el pasado martes en San Isidro), aclaró durante la reunión que parte de las personas que fueron desalojadas la semana pasada están durmiendo en la calle o, de forma provisional, en pisos de familiares o amistades, “porque el desalojo fue ejecutado de imprevisto”.
Ojel destacó que la alternativa facilitada a algunas familias, por ejemplo, en un apartahotel, “tiene un plazo limitado de una semana”. E incidió en que gran parte de estas familias y, en general, de las más de doscientas personas que ocupan edificios de viviendas abandonadas solo en el municipio de Granadilla “es que el Ayuntamiento les niega su derecho a empadronarse, lo que impide que puedan recibir ayudas públicas”. Y denunció que tiene pruebas de que varias entidades financieras están atribuyéndose viviendas sin dueño que fueron construidas con ayudas públicas para VPO. “Resulta indignante que las administraciones miren para otro lado en estos casos de especulación que, si se gestionaran bien, solucionarían el problema de vivienda de cientos de familias de la Isla”, remarcó.
Por otra parte, la representante de la Plataforma de Afectados por Visocan explicó que la consejera de Viviendas del Gobierno de Canarias había abierto la puerta a una modificación legal que permitiría disponer de vivienda pública con alquileres asequibles. Dado que las competencias de vivienda son de la administración autonómica, en este encuentro se acordó invitar a la responsable autonómica del área al Consejo Insular de Vivienda y a una reunión previa entre todas las partes fijada para el 13 de julio con el fin de abordar de forma coordinada la problemática existente y las posibles soluciones.
Durante este encuentro que se prolongó durante tres horas, salieron a relucir numerosos problemas y riesgos que están padeciendo las familias que no pueden acceder a un techo digno: peligro de derrumbe en algunos inmuebles, privación de servicios de agua y luz, infecciones de gravedad entre menores y adultos por ingesta de agua insalubre y, entre otras cosas, situaciones de discriminación escolar a menores de familias que residen en viviendas ocupadas. Y en la concentración que hicieron el viernes por la tarde las familias afectadas por el desalojo del edificio de San Isidro para reclamar su derecho a una vivienda, varios menores confirmaron que en colegios e institutos es habitual que les critiquen y ridiculicen por residir en viviendas ocupadas. Las familias reprocharon también que se les expulsara sin aviso previo ni a ellas ni a las administraciones competentes, lo que ha dificultado la búsqueda de hogar alternativo. Entre otras anomalías de este desalojo criticaron también que muchas familias no han podido sacar los pocos enseres que poseen, “con lo que ni siquiera tenemos una muda para nuestros hijos”, lamentó una madre.
