Antonio Viñal “Es imprescindible que las bodegas cuenten con herramientas como el Código Vitivinícola”

El crecimiento excesivo y desordenado de la legislación que afecta al sector del vino es, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas, y quizá el más oculto, que acucia a la viticultura española.

No es un problema exclusivo del sector del vino español pero dificulta su desarrollo y hace necesario que las bodegas cuenten con conocimiento y asesoramiento especializado y actualizado de las normas que afectan a su desarrollo.

Fruto de esta preocupación y de la búsqueda de una herramienta llave en mano que ofrezca soluciones a las bodegas nace el Código Vitivinícola de cuyas ventajas hablamos con su impulsor, el abogado Antonio Viñal.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas que presenta el actual marco regulatorio del sector vitivinícola?

Aunque no son exclusivos del sector vitivinícola, sí le afectan en mayor o menor medida y son básicamente dos: la inflación y la contaminación legislativas. El primero consiste en el exceso de normas, unas normas -las leyes o sus equivalentes, por ejemplo- que crecen a un ritmo de unas 2.000 al año si sumamos las comunitarias, estatales y autonómicas.

El segundo, en que este crecimiento, además de ser excesivo, es desordenado, lo que en ocasiones dificulta saber qué normas están vigentes y cuáles no. Y ambos problemas, la inflación y la contaminación legislativas, suponen un desafío para las empresas, pero también, como señaló acertadamente en su día Aurelio Menéndez, para el Estado de Derecho.

¿Cómo repercute la inflación legislativa en la actividad de las empresas en general, y de las bodegas en particular?

El alcance de la repercusión depende, en última instancia, de la estructura, del tamaño o de la gestión de la empresa o bodega de que se trate, pero lo que es seguro es que, de una manera o de otra, esa repercusión existe.

El exceso de normas tiene un enorme impacto en la actividad respectiva, tanto por las cargas administrativas derivadas del cumplimiento de esta ingente masa normativa (que hace que nuestro país ocupe, de entre los 30 países de la OCDE, el último puesto en empresas unipersonales, y el puesto 26 en el resto de las empresas), como por los costes administrativos asociados a dicho cumplimiento (que, de nuevo, en nuestro caso, supone aproximadamente el 4,6% del PIB general y el 7,6% del PIB empresarial).

¿Cómo incide, a su vez, la contaminación legislativa en la actividad empresarial, ya sea, como decíamos antes, de las empresas en general, o de las bodegas en particular?

Si partimos de la base de que las normas, de conformidad con el principio de competencia, deben conocerse y respetarse (recogido en el conocido artículo 6.1 del Código Civil, según el cual ” la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”), el empresario o bodeguero tiene que estar al corriente, le guste o no, de qué normas han sido derogadas por otras de forma tácita o expresa, o de qué normas, por el mero paso del tiempo, se han convertido en obsoletas, y para ello necesita disponer no sólo de asesores especializados, sino también de instrumentos que le faciliten a éstos dicha labor de asesoramiento, y ello incide directamente en su productividad, en su competitividad, en su responsabilidad.

¿Ha sido adoptada alguna medida, por parte de los poderes públicos, para enfrentarse a estos dos problemas?

A escala comunitaria hay diversas iniciativas, como el Programa SLIM para la simplificación legislativa, el Programa ABR para la reducción de cargas administrativas o el Programa REGIT para la adecuación de la reglamentación. A escala nacional se ha impulsado el Real Decreto 1083/2009, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo o la Ley 20/2014 por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos pero en ambos casos estamos todavía bastante lejos de llegar a eso que se ha dado en llamar “regulación inteligente”, esto es, inteligible, flexible, práctica, eficaz y eficiente y fácilmente accesible.

Hablando, justamente, de accesibilidad, ¿existe algún instrumento, en el caso concreto del sector vitivinícola, en el que este pueda encontrar “just in time” la normativa que lo regula?

Existe, claro que existe, y es el resultado de una preocupación compartida por AVCO -nuestro Despacho- y Thomson Reuters por poner al alcance de las bodegas dicha normativa, haciendo hincapié, además, en su vigencia.

Fruto de esa preocupación – y de nuestra experiencia en la materia- es el Código Vitivinícola en cualquiera de sus dos ediciones, papel o digital, con la ventaja adicional de que esta última recoge las novedades legislativas más recientes a medida que éstas se van produciendo, como la Ley 1/2017, de 3 de enero, por la que se regula el control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja; o el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

A través de este Código, las bodegas, con una mínima inversión de tiempo, pueden estar al tanto del marco regulatorio actual.

Otra cosa, claro, es la necesidad de que este sea más breve y mejor, pero esto, como diría Kipling, es “otra historia”, y en tanto no llegue, este instrumento es, en mi opinión, imprescindible.

¿Cómo está estructurado el Código Vitivinícola y qué temas aborda?

El Código está estructurado en tres partes que abarcan Legislación Comunitaria, Estatal y Autonómica, seguidas de un Índice Analítico Abreviado para facilitar la consulta. Cada parte, a su vez, integra distintas materias, como, por ejemplo, la política agrícola común, el programa de apoyo al sector vitivinícola o las Denominaciones de Origen Protegidas y sus Consejos Reguladores, ya mencionados.

Finalmente, ¿cómo y dónde puede adquirirse el Código Vitivinícola?

El Código puede adquirirse directamente en nuestras oficinas, con una pequeña deducción sobre el precio oficial de venta.