El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura pretende ordenar el sector.
El plan establece un tope de producción para las Islas de 37.118 toneladas anuales y limita las zonas de establecimiento al 10% del litoral del Archipiélago, que es la segunda CC.AA. que redacta esa regulación.
El Gobierno de Canarias acaba de aprobar el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), un compromiso de este Ejecutivo que estaba recogido en la Ley de Pesca de Canarias de 2003 y que convierte a las Islas en el segundo territorio español que tiene esta regulación en vigor. El documento ha sido impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas viene a regular un sector que produjo el año pasado algo más de 7.810 toneladas de pescado, lo que representa un 36,09% de la producción de pescado fresco en las Islas, frente al 63,91% de lo extraído por la flota pesquera local, según datos de los puntos de primera venta del Archipiélago que ha hecho públicos el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, quien ha manifestado que esta aprobación supone “el cumplimiento de uno de los primeros compromisos adquiridos por este Gobierno”.
El antedicho porcentaje supuso un valor de producción de unos 43 millones de euros (frente a los 31 millones de la pesca tradicional), el valor de producción más alto de los últimos años (29 millones en 2014; 34,02 en 2015; 41,48 en 2016; y 43 en 2017). Las principales especies que se producen son la lubina (5,5 millones de kilos en 2017) y la dorada (2,3 millones de kilos).
Los objetivos de este documento, además de dar cumplimiento a la citada Ley, tienen que ver con generar un marco normativo para el desarrollo del sector desde un punto de vista medio ambiental y económico, como fórmula de diversificación de la economía en el sector primario. Quintero ha agradecido a los técnicos de la Consejería, así como el resto de las administraciones y los profesionales del sector, su implicación “en la consecución de este documento que es un texto vivo que habrá que seguir mejorando y complementando para que su efecto en el sector sea más positivo si cabe”. El titular de Pesca del Gobierno de Canarias ha recordado, además, que el Gobierno “ya forma en sus escuelas de formación profesional martítimo pesqueras a futuros profesionales vinculados a la acuicultura, un sector por el que Europa está apostando de manera muy decidida pues representa el futuro del consumo de pescado fresco, de manera complementaria a la pesca tradicional”.
El presidente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, José Carlos Rendón, ha destacado el futuro de este sector que “es uno de los puntos clave de la llamada economía azul que impulsa Europa”. Rendón ha expresado “el agradecimiento a la Consejería y sus técnicos por aprobar este documento que nos da unas reglas de desarrollo para que Canarias deje de estar desfasada respecto a otras regiones de Europa”. Rendón ha anunciado que el sector “debe ahora junto a las administraciones acelerar el paso para desarrollar las potencialidades de un sector respecto a la generación de riqueza y empleo” y ha destacado “las condiciones que tiene Canarias para el desarrollo de esta actividad” y la implicación de los empresarios del sector en que éste “sea sostenible medio ambientalmente no sólo por imperativo legal, sino por nuestro propio interés en que la actividad se desarrolle de forma positiva”.
El propietario de Acuipalma, Jorge Medina, ha destacado “el esfuerzo de todos por hacer una realidad este documento” y ha informado de que la acuicultura “va cobrando importancia, en el Planeta se consume más pescado procedente de esta actividad que de la pesca tradicional” y ha añadido que este plan “permitirá a Canarias estar en primer nivel de producción y por tanto es muy importante tenerlo aprobado”.
Viabilidad y respeto al medio natural
El texto pretende impulsar el desarrollo sostenible de esta actividad, aprovechando sus potencialidades para generar riqueza y empleo, preservando la calidad medioambiental de la costa. Desde un punto de vista medio ambiental, está adaptado a toda la normativa vigente y tiene muy presente su repercusión en el medio natural. Desde un punto de vista económico, analiza la viabilidad económica de cada una de las especies que pueden producirse y en qué lugares es más idóneo las instalaciones.
Además, es fruto del debate y la participación, además de con las administraciones implicadas, con los profesionales que de una manera u otra se ven afectados (pescadores, empresarios del sector, de la industria auxiliar…) y técnicos de las universidades y los centros de investigación de las Islas.
El PROAC incluye un análisis de las zonas para el desarrollo de la actividad, un límite máximo de producción para el Archipiélago, un catálogo de especies permitidas (revisable mediante informe), un estudio del tipo de establecimientos y, por último, un manual de buenas prácticas para el desarrollo de la actividad.
Respecto al primero, se establecieron diferentes criterios para su clasificación, en relación a la profundidad, las comunidades marinas existentes en cada zona, las pendientes o la superficie mínima, así como factores de tipo económico y social como la cercanía a puertos, existencia de cofradías de pescadores, dotación de infraestructuras de transportes y comunicaciones terrestres, o cercanía de suelo de uso industrial o aeropuerto.
Zonas de Interés
De este análisis, se deriva que las Zonas de Interés para la Acuicultura (las que presentan una mayor aptitud para el desarrollo de la actividad desde el punto de vista ambiental y territorial-socioeconómico) suponen un 9,95% del total de litoral de las Islas (unas 20.000 hectáreas). Se trata de zonas con baja biodiversidad, con sustrato, profundidad media y pendiente adecuados y con características oceanográficas (corrientes, mareas, vientos y nutrientes, entre otros) adecuadas.
Respecto al límite máximo de producción, se ha tenido en cuenta la capacidad total productiva de las concesiones vigentes, que es actualmente de 16.736 toneladas, aunque si se le suman las concesiones que existen en trámite, la capacidad máxima productiva ascendería a 29.817 toneladas. Bajo esa premisa, se ha optado por considerar una estimación realista que en los próximos ocho años esa producción pueda aumentar hasta las 37.118 toneladas, que se establece como ese límite de producción. Esta cantidad se obtiene teniendo en cuenta un incremento de la demanda anual de un 4% para el mercado interior, un 0,25% para el mercado peninsular y un 15% para el exterior.
El Plan también incluye un listado con aquellas especies de interés, desde un punto de vista económicamente rentable y medioambientalmente sostenible. No están modificadas genéticamente, para evitar riesgos para las poblaciones locales en caso de escape, y el listado puede ser modificado cumpliendo una serie de condicionantes.
Respecto a los equipamientos permitidos, el documento fija los tipos de establecimientos para la acuicultura, sus características técnicas y las condiciones de las explotaciones, pudiendo establecer especificaciones para zonas o especies concretas. Entre ellos, se encuentran la Jaula marina, la piscifactoría, vivero, criadero y centros de investigación.
Se establece, además, un plan de seguimiento que tendrá en cuenta tanto los indicadores de desarrollo de ejecución del Plan, como los indicadores de sostenibilidad ambiental, y, por último, un manual de buenas prácticas que establece diferentes recomendaciones respecto al medio ambiente, gestión del stock, prevención de escapes (el protocolo se aprobó hace unos meses), la gestión de residuos o la limpieza y mantenimiento.
