Los teléfonos públicos se han convertido en un escaparte para poner anuncios o dejar basura.

Los teléfonos públicos en el Sur dejan mucho que desear, podemos ver que muchos están deteriorados o no están, la ley general de telecomunicaciones considera que las cabinas de teléfonos públicos son un derecho, según el artículo 32 del Real Decreto 726/2011, el prestador de este servicio debe atender con una cabina los municipios de más de 1.000 habitantes, con una exigencia de un teléfono más por cada 3.000 habitantes.

Lo cierto de todo esto es que se deben buscar responsables para que esta situación cambie, la mala imagen que se da a los turistas es pésima y la población local de nuestra comarca debe recibir un buen servicio, los ayuntamientos deben pedir responsabilidad a las compañías para que se les haga un mantenimiento adecuado a las cabinas y no hacer la vista gorda ante un problema tan evidente.