El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha dado luz verde a un nuevo marco de colaboración con el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este acuerdo, aprobado en la sesión ordinaria del pasado martes 6 de octubre, actualiza el convenio previo que databa del año 2010 y permitirá a la Guardia Civil adaptar el uso de diversas parcelas e instalaciones a las necesidades operativas actuales que la institución tiene en los distintos puertos de la provincia.

El eje central de esta renovación logística se ubica en los rellenos de la Dársena de Pesca del puerto santacrucero. En esta área se destinará una gran parcela de 4.557,87 metros cuadrados de extensión que será compartida por el Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias, el Servicio Marítimo Provincial y la Unidad Fiscal. El proyecto constructivo contempla la edificación de una nave de nueva planta y la restauración de otra infraestructura ya existente. Según consta en el documento, estos espacios estarán destinados a optimizar las labores de vigilancia, control fiscal, protección de infraestructuras, así como el apoyo en emergencias y en operaciones especiales.

El acuerdo establece unos plazos definidos para esta obra principal: la cartera de Interior dispone de un año desde la formalización del convenio para presentar el proyecto de ejecución y de un ejercicio adicional, como fecha límite, para iniciar la construcción.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha justificado esta autorización argumentando el valor estratégico del acuerdo para la red de infraestructuras de las islas. “Con este acuerdo se pretende dar respuesta a las necesidades de la Guardia Civil en los puertos de la provincia, facilitando espacios para realizar una labor fundamental para la seguridad de las personas y el control de la actividad portuaria”, declaró el máximo responsable portuario.

Además de la nueva concesión, el Instituto Armado consolidará su presencia en otros puntos de la capital. En la misma Dársena de Pesca se incluyen otros tres espacios que ya venían siendo utilizados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil: dos locales situados en el espaldón del dique y un área anexa destinada a apoyo logístico. Asimismo, en la zona del Muelle de Ribera, los agentes continuarán utilizando el “Edificio Comunidad Portuaria” como su base operativa central para las tareas de resguardo fiscal, seguridad ciudadana, y para ejecutar los controles e inspecciones fronterizas.

La reestructuración de las instalaciones trasciende la capital y se extiende al resto de los enclaves de la red estatal en la provincia. El nuevo convenio ampara el uso de locales en el “Edificio de Servicios Portuarios” de la dársena de Granadilla. Desde ese punto, la Unidad Fiscal desarrollará sus funciones de vigilancia y ejercerá el control de mercancías, personas y medios de transporte. Del mismo modo, el despliegue asegura dependencias en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, y garantiza oficinas correspondientes en los puertos de La Palma, La Gomera y La Estaca, en la isla de El Hierro.

A nivel jurídico, el documento de adjudicación especifica que la ocupación y utilización de todas estas instalaciones por parte de las fuerzas de seguridad mantiene inalterable la titularidad del dominio público a favor de la Autoridad Portuaria. Finalmente, se establece que todas las actividades que se desarrollen en dichos espacios deberán ser estrictamente compatibles con el funcionamiento habitual de los recintos marítimos.