El Grupo Parlamentario VOX ha formalizado hoy ante el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de expresar su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España. La iniciativa surge como respuesta a la medida impulsada por el Gobierno central a través de un real decreto, un procedimiento que la formación critica duramente por haberse llevado a cabo sin previo debate ni votación en sede parlamentaria.

En su exposición de motivos, VOX denuncia que esta maniobra no constituye un evento aislado, sino que responde a una dinámica que califican de recurrente por parte del “bipartidismo”, al que responsabilizan de haber ejecutado más de 1,2 millones de regularizaciones en los últimos años. Según la formación, estas políticas no solo han fallado en resolver el fenómeno de la inmigración ilegal, sino que han consolidado un “efecto llamada” permanente. A juicio de los proponentes, estas decisiones debilitan el principio de legalidad y envían a la sociedad el mensaje de que el incumplimiento de las normas conlleva una recompensa, lo que consideran un agravio comparativo hacia aquellos extranjeros que respetan los cauces procedimentales vigentes.

La propuesta parlamentaria pone el foco en las consecuencias que, según VOX, acarrea la inmigración ilegal masiva en los ámbitos social, económico y de seguridad. El texto alerta sobre una saturación de los servicios públicos, un aumento considerable de la presión sobre el mercado de la vivienda, el incremento del gasto público y un deterioro palpable de la convivencia en diversos barrios y municipios del archipiélago y del resto del Estado. Asimismo, la formación rebate uno de los argumentos habitualmente esgrimidos para justificar estas regularizaciones: la necesidad de mano de obra extranjera para el sostenimiento del sistema de pensiones.

Para sustentar su postura económica, VOX cita informes oficiales de países con tradición en el análisis del impacto fiscal migratorio, específicamente Dinamarca y los Países Bajos. Según recoge la iniciativa, dichos estudios concluyen que la inmigración poco cualificada genera un déficit estructural sostenido en el tiempo, que persiste incluso en las segundas generaciones. Basándose en estos datos, el partido afirma que lejos de suponer un alivio financiero, este tipo de inmigración incrementa el gasto público y agrava el desequilibrio fiscal, desmontando así el relato de que la regularización masiva sea una solución económica viable.

En el plano político, la formación considera de especial gravedad el uso que, a su juicio, hace el Gobierno de estas políticas con fines ideológicos y electorales. VOX acusa al Ejecutivo de anteponer su agenda política al bienestar general, ignorando problemas estructurales que afectan a los ciudadanos españoles, tales como la emergencia habitacional, las cifras de desempleo y la inseguridad ciudadana.

Por todo lo expuesto, la Proposición No de Ley insta a la Cámara a adoptar una serie de medidas concretas y contundentes. El texto exige rechazar cualquier proceso de regularización masiva y solicita auditar las concesiones de nacionalidad otorgadas hasta la fecha. Además, la iniciativa reclama la repatriación de todos los inmigrantes en situación ilegal y la deportación inmediata de aquellos que cometan delitos. Entre las peticiones también figura el establecimiento del principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, así como la eliminación de cualquier tipo de subvención a organizaciones o entidades que, según su criterio, fomenten la inmigración ilegal. Finalmente, solicitan poner fin a todas las políticas que incentiven el efecto llamada.

Como cierre a su propuesta, VOX reitera su defensa de una política migratoria que sea legal, ordenada y firme. La formación aboga por un modelo ajustado a las necesidades reales del mercado laboral español, que respete escrupulosamente la ley, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, dejando patente su postura de que España no tiene capacidad para asumir más inmigración ilegal ni nuevos procesos de regularización.