Luis P. Serichol
Las pensiones por jubilación se pagan, al menos desde el Pacto de Toledo, básicamente con cotizaciones sociales, es decir, con lo que aportan a la Seguridad Social empresas y trabajadores. En el año 2000 se creó un fondo de reserva, pensando sobre todo en los años 2040 y siguientes, en los que el número de personas jubiladas crecerá mucho como consecuencia de la alta natalidad de finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado.
Ese fondo de reserva se fue incrementando año tras año hasta alcanzar casi 70.000 millones de euros a finales de 2011, aún cuando la crisis ya llevaba cuatro años de andadura. A partir de ese momento, y coincidiendo con la llegada del Partido Popular al Gobierno, la tendencia cambió radicalmente. Los gastos del sistema pasaron a ser muy superiores a los ingresos y el Fondo de Reserva entró en caída libre, hasta el punto de perder, en sólo 5 años, todo ese capital acumulado. Hoy la Seguridad Social afronta un déficit anual de 15000 millones de euros, más de mil millones cada mes, por lo que está, prácticamente, en bancarrota.
Esta grave situación no es fruto de la fatalidad, ni del cambio climático, ni siquiera de la crisis, sino de una política económica que, consciente y premeditadamente, nos han conducido a ella.
En primer lugar aprobando una reforma laboral que abarata el despido, y reduce la negociación colectiva a la mínima expresión, dejando a los trabajadores indefensos y provocando la mayor caída de los salarios desde la restauración de la democracia. Y, lógicamente, a salarios más bajos, cotizaciones sociales también más bajas. Por eso, a pesar de que se han alcanzado niveles de empleo similares a los años anteriores a la crisis, los ingresos de la Seguridad Social son muy inferiores.
Por otra parte se carga la financiación de las políticas activas de empleo a la Seguridad Social, es decir, se exime de cotizaciones a las empresas a cambio de contratos indefinidos, las llamadas tarifas planas, de tan dudosos resultados, lo que ha supuesto una caída de ingresos de hasta 4000 millones de euros en algunos años.
Otro factor que ha tenido una influencia significativa en la pérdida de ingresos tiene que ver con la decisión gubernamental de suprimir el subsidio a los parados de larga duración de más de 52 años, con lo que se han perdido unas cotizaciones que venían muy bien al Sistema.
Pero con todo, no es la situación financiera de la Seguridad Social lo único que preocupa a trabajadores y pensionistas. Las dos últimas reformas, la de 2011 de Zapatero y la de 2013 de Rajoy supondrán, si la presión social y las próximas elecciones generales no lo impiden, más años de trabajo y un buen pellizco a las futuras pensiones, la primera, y un inexorable y continuado empobrecimiento de los actuales y futuros pensionistas, la segunda.
¿Esto es inevitable? ¿No hay alternativa? De eso nos quieren convencer los numerosos artículos que publican a diario los medios de comunicación y que nos machacan con el mantra de que el sistema es insostenible. Claro, que si investigamos un poco, comprobamos que los dueños de esos medios de comunicación son los mismos que los de los bancos que nos quieren vender sus planes de pensiones, de tan dudosa rentabilidad.
* Luis P. Serichol es vicepresidente de La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias.
