La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha solicitado formalmente durante una intervención en comisión parlamentaria este jueves que el gestor aeroportuario Aena dé marcha atrás en su intención de incrementar las tasas a finales del año 2026.

Esta petición institucional se fundamenta en el actual escenario de alta inflación y en el efecto directo que dicha medida tendría sobre el encarecimiento de los costes del transporte aéreo. De León ha recordado que, tras tres años consecutivos manteniendo una política de contención tarifaria, el nuevo planteamiento de Aena resulta especialmente perjudicial para un territorio que se caracteriza por su aislamiento y fragmentación.

En este sentido, la administración autonómica exige que la entidad pública priorice su papel como garante de la cohesión territorial, garantizando tanto la movilidad entre las propias islas como la conexión del archipiélago con la península.

El Gobierno de Canarias argumenta que el contexto alcista de los precios actuales ya resta competitividad al destino turístico, por lo que un nuevo gravamen dañaría gravemente la conectividad con los principales mercados emisores de visitantes. En palabras de la titular de Turismo, “se pretende subir las tarifas como si nuestro territorio no fuera una RUP, como si no existiera un territorio fragmentado y como si la conectividad no fuera esencial para la ciudadanía y la economía del archipiélago”. Ante esta situación, de León advirtió de que la comunidad autónoma no puede “permitir la subida de tasas cada año con Canarias”.

Para respaldar la postura regional, la Consejería se ampara en un informe reciente emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dicho documento avala una estrategia tarifaria específica que contemple la singularidad de Canarias como Región Ultraperiférica, una vía que, según advierten desde el Ejecutivo canario, contrasta con la estrategia actual de Aena.

Sobre esta divergencia, la consejera ha criticado la intención recaudatoria del gestor aeroportuario afirmando que “lo que está ocurriendo es profundamente injusto porque Aena pretende apropiarse de una parte del rendimiento económico que genera el sector turístico y quiere que el esfuerzo de contención de precios recaiga indirectamente en hoteles, restauración o comercios y otros operadores”. Asimismo, lamentó que quienes terminan sufriendo las consecuencias de estas políticas, las cuales describió como amparadas por el Gobierno de España, sean los propios ciudadanos de Canarias.

Otro de los ejes centrales de la reclamación canaria es la desvinculación absoluta entre el coste de las tasas y las futuras mejoras en las infraestructuras. El Gobierno de Canarias sostiene que la red de aeropuertos del archipiélago ya genera la rentabilidad suficiente para sufragar de manera autónoma las inversiones que Aena tiene proyectadas.

Basándose en estos datos económicos, la administración rechaza de plano que el encarecimiento de las tarifas se imponga como un requisito previo para ejecutar las obras. A este respecto, de León fue tajante al aseverar que “Canarias no puede aceptar el chantaje de elegir entre una subida de tasas o nuevas inversiones”, recalcando que ambas cuestiones no deben condicionarse mutuamente.

Finalmente, el requerimiento no solo se dirigió al ente aeroportuario, sino que se hizo extensivo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Gobierno de Canarias instó a la cartera ministerial a impulsar políticas de transporte que respeten íntegramente la realidad territorial, la fragmentación de las islas y la función cohesiva que cumplen las terminales aéreas.

La consejera concluyó su comparecencia recordando que “no solo hablamos de la cohesión territorial entre las islas, sino también con la península”, por lo que resulta imprescindible dar “un giro radical a las políticas de Aena con Canarias para evitar que los residentes en el archipiélago se vean perjudicados”.