El proyecto del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para ubicar dos chiringuitos en las playas de El Cabezo y La Jaquita enfrenta una firme oposición ciudadana en El Médano. La Plataforma Vecinal Barquera ha presentado alegaciones formales contra esta iniciativa en colaboración con los colectivos Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), al considerar que la medida privatiza el dominio público marítimo-terrestre sin responder a una necesidad social ni a una mejora de los servicios.

La organización, conocida en el municipio por su movilización contra los emisarios submarinos y la proliferación de viviendas vacacionales, argumenta que el núcleo costero se encuentra al límite de su capacidad de acogida debido a la “hiperturistificación”. Según los residentes, el día a día en el pueblo ya está marcado por la saturación en los aparcamientos, la acumulación de basuras, el incremento del ruido, los episodios recurrentes de contaminación fecal en las aguas y el desplazamiento poblacional derivado del alquiler vacacional. En este contexto, el colectivo sostiene que “un pueblo tan masificado no necesita más presión, necesita respiro”.

El escrito de oposición se apoya en criterios legales y jurisprudenciales, señalando una vulneración directa del artículo 32.1 de la Ley de Costas, el cual establece que solo puede ocuparse el dominio público con actividades que por su propia naturaleza no puedan ubicarse en otro lugar. La plataforma advierte que esta circunstancia no se cumple, ya que el suelo urbano consolidado colindante a ambas playas alberga más de una decena de establecimientos hosteleros plenamente capacitados para absorber la demanda. En esta línea, los vecinos recuerdan que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han dictaminado que la conveniencia comercial no es un motivo válido para justificar la ocupación excepcional de la costa. A juicio de la organización, la iniciativa municipal es “una infraestructura que el vecindario no ha pedido, no necesita y que la propia normativa de costas y de conservación ambiental hace, a todas luces, inviable”.

El conflicto suma una complejidad jurídica adicional en la playa de El Cabezo. El colectivo denuncia la insostenibilidad de tramitar una nueva edificación comercial en este espacio cuando existe un requerimiento emitido en febrero de 2023 por la Dirección General de Costas, derivado de la aprobación definitiva del dominio público, que ordena al Ayuntamiento la demolición del aparcamiento construido sobre la playa y la restitución del terreno a su estado natural.

Asimismo, las alegaciones inciden en un grave incumplimiento en materia de protección ecologista, al carecer el expediente de la evaluación obligatoria de repercusiones sobre la Red Natura 2000, una omisión que vicia de nulidad el procedimiento. Las dos ubicaciones proyectadas lindan con la Zona de Especial Conservación “Sebadales del Sur”, catalogada como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de avifauna amenazada. En el caso específico de El Cabezo, el entorno alberga además hábitats de dunas móviles embrionarias con presencia de especies vegetales clasificadas como vulnerables.

Los opositores al proyecto recuerdan también los antecedentes desfavorables en el municipio con estructuras similares. Según el histórico vecinal, los anteriores kioscos autorizados en estas mismas playas derivaron con el tiempo en negocios de restauración con barras de alcohol, música en directo y celebración de eventos, incumpliendo los límites de sus concesiones y violando la Ordenanza Municipal de ruido. Para el colectivo, esta experiencia demuestra que la viabilidad de estos establecimientos empuja a los promotores a desnaturalizar la actividad original para sostenerse económicamente, lo que repercute de forma severa en el derecho al descanso y en la calidad de vida de los residentes permanentes.

Ante esta situación, la Plataforma Vecinal Barquera exige al Ayuntamiento y a la Dirección General de Costas la retirada definitiva de ambos expedientes. Del mismo modo, solicitan al gobierno local que justifique públicamente la razón de destinar recursos técnicos y financieros a fomentar la hostelería privada en el litoral en lugar de atender las carencias sociales y culturales básicas del municipio. Para el futuro, reclaman la apertura de un proceso de participación ciudadana real que otorgue voz a los vecinos en la toma de decisiones para recuperar el uso público de las playas y renaturalizar una costa degradada, priorizando el cumplimiento de la ley y el bienestar de la población local.