La localidad de Costa del Silencio, en el municipio tinerfeño de Arona, ha registrado en las últimas horas la captura y eliminación de aves exóticas en sus espacios públicos. Los hechos han salido a la luz a través de Susi Rossi, residente de la zona, quien ha denunciado públicamente el operativo tras presenciar la instalación de jaulas trampa en el vecindario.

Según el testimonio aportado por la vecina, varios individuos intervinieron esta misma mañana en las calles del núcleo poblacional para atrapar a las aves y, en otros casos, proceder a su eliminación en el lugar. Para documentar lo sucedido, Rossi ha facilitado varias fotografías en las que se aprecian los cadáveres de cotorras de plumaje verde esmeralda yaciendo sobre la característica grava volcánica, al pie de las palmeras del entorno residencial.

En su denuncia, la residente muestra su rechazo a estas medidas y defiende el papel de los animales en el entorno. Desde su perspectiva, en un paraje árido y con escasa vegetación como es el sur de la isla, estas aves resultan beneficiosas, argumentando que “los loritos ayudan a polinizar”. Tras calificar de “horrible” la situación vivida, la vecina ha lanzado una petición pública de ayuda para intentar paralizar las capturas.

La regulación de especies exóticas invasoras

El conflicto abierto en Costa del Silencio tiene su origen en el estatus legal de estas aves. Los ejemplares que habitan en la zona, reconocibles como cotorras de Kramer (Psittacula krameri) y cotorras argentinas, no son especies autóctonas de Canarias, sino aves exóticas que están incluidas oficialmente en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.

La inclusión de un animal en este catálogo establece un marco legal estricto. La normativa no solo prohíbe la posesión, el transporte y el comercio de estas especies, sino que obliga a las administraciones públicas competentes a ejecutar planes de control y erradicación cuando se detectan poblaciones asilvestradas en el medio natural.

Los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias que sustentan la ley justifican estas medidas de erradicación basándose en el impacto biológico de la especie. Los documentos oficiales señalan que se trata de aves altamente territoriales que compiten por los recursos y expulsan de sus nidos a especies locales y endémicas.

A este impacto en la fauna autóctona se suma la ausencia de control natural. Al tratarse de una especie introducida de manera artificial, carecen de depredadores naturales en el archipiélago, lo que facilita su rápida multiplicación. La normativa incluye a estas aves en el catálogo también por los severos daños que ocasionan en la agricultura y la flora local, así como por el riesgo de actuar como transmisoras de enfermedades a otras especies del entorno.