La gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de Arona se ha situado en el centro de la polémica política y administrativa. Tras casi un año de solicitudes y bloqueos, el Ayuntamiento de Arona ha dado marcha atrás en su postura inicial y ha procedido a solicitar a la empresa concesionaria la información requerida por la oposición, dando así la razón de facto a las reclamaciones del grupo municipal Más por Arona.

La formación política ha hecho pública una contundente denuncia basada en documentación oficial del propio consistorio, en la que acusa al gobierno municipal de una “grave inacción” y falta de transparencia. Según el partido opositor, el ejecutivo local estaría ocultando información, evitando sancionar incumplimientos acreditados y maniobrando para ampliar un contrato millonario que ya ha agotado sus vías legales; una gestión que, advierten, podría derivar en serias responsabilidades judiciales.

El “silencio administrativo” como estrategia

El primer punto de fricción denunciado por Más por Arona se centra en la opacidad. Según el análisis de la documentación realizado por el partido que encabeza el edil Luis García, el gobierno municipal ha utilizado sistemáticamente el silencio administrativo ante las peticiones de fiscalización del servicio.

Esta práctica ha forzado situaciones en las que el acceso a la información se ha concedido por “silencio administrativo positivo”, un mecanismo legal que opera cuando la administración incumple los plazos de respuesta. Desde la formación califican esta actitud de “absolutamente anómala” para una administración pública, señalando que obstaculiza la labor de la oposición y despierta sospechas sobre la gestión del contrato más cuantioso del municipio. “¿Qué esconde el gobierno municipal? ¿A quién beneficia esta inacción?”, cuestionan desde el partido.

Vehículos municipales en paradero desconocido

Uno de los aspectos más alarmantes desvelados en la denuncia hace referencia al descontrol sobre los activos públicos. Más por Arona ha revelado que el propio Ayuntamiento ha reconocido oficialmente que desconoce el paradero, el kilometraje y el uso actual de varios vehículos municipales adscritos al servicio de limpieza.

Se trata de bienes sufragados con dinero de los contribuyentes cuyo rastro se ha perdido por completo debido a la falta de supervisión. Esta situación ha llevado a la oposición a plantear interrogantes sobre si estos activos están siendo utilizados para fines ajenos al contrato, si han sido enajenados irregularmente o si han sufrido daños, lo que supondría un perjuicio económico directo para las arcas municipales. A pesar del reconocimiento oficial de esta falta de control, el gobierno no ha iniciado investigaciones ni depurado responsabilidades.

Una ampliación de contrato bajo sospecha de “temeridad”

La denuncia apunta directamente a la gestión del concejal responsable del área, Clara Pérez. Según Más por Arona, la edil pretende llevar a cabo una ampliación del servicio de limpieza a pesar de que el contrato actual se encuentra prácticamente agotado, habiendo consumido ya su última prórroga legal, y sin que se haya redactado el nuevo pliego de condiciones necesario para una nueva licitación.

Para la oposición, esta maniobra constituye una “temeridad política y administrativa” por tres motivos fundamentales:

Premia el incumplimiento: Se amplía la vinculación con una empresa que acumula irregularidades documentadas sin haberle abierto expedientes sancionadores.

Perpetúa la mala gestión: Se mantiene un modelo de servicio deficiente sin corregir la pérdida de control sobre los bienes públicos.

Inseguridad jurídica: Ampliar un contrato más allá de sus límites legales podría resultar en una decisión nula de pleno derecho.

Resulta paradójico para la formación que la empresa concesionaria, pese a su historial en el municipio, continúe ganando adjudicaciones públicas en Arona.

Advertencia de responsabilidades penales

Más por Arona advierte que la situación descrita trasciende la crítica política y podría adentrarse en el terreno delictivo. Asesorados por expertos en derecho administrativo, señalan que la gestión actual podría ser constitutiva de varios delitos tipificados en el Código Penal:

Prevaricación Administrativa (Art. 404): La decisión de ampliar un contrato agotado a sabiendas, ignorando incumplimientos y sin nueva licitación, podría considerarse una resolución arbitraria e injusta.

Malversación de Caudales Públicos (Art. 432): El reconocimiento por parte del Ayuntamiento de que desconoce el destino de los vehículos municipales podría interpretarse como administración desleal o apropiación indebida por omisión del deber de custodia.

Responsabilidad Contable: Paralelamente a la vía penal, los responsables políticos podrían enfrentar procedimientos ante el Tribunal de Cuentas por el daño económico causado al erario (lucro cesante por no sancionar y daño emergente por la pérdida de vehículos).

Exigencias de “Tolerancia Cero”

Ante la gravedad de los hechos expuestos, Más por Arona ha cerrado su intervención con una batería de exigencias inmediatas al gobierno local, rechazando cualquier respuesta evasiva:

Explicaciones transparentes sobre los motivos de la inacción gubernamental durante el último año.

La apertura urgente de expedientes sancionadores a la empresa concesionaria por los incumplimientos ya acreditados.

El inicio inmediato de una nueva licitación del contrato de limpieza, que garantice la transparencia y el control riguroso de los recursos públicos.

La formación exige un cambio de rumbo para abandonar una gestión que “mira hacia otro lado” y pasar a una defensa activa del interés general en uno de los servicios esenciales más costosos para los vecinos de Arona.