Los Administradores de Fincas colegiados piden que se agilicen los trámites en los procesos de desalojo de las viviendas como fórmula para contribuir a la disminución de la ocupación ilegal.

Un 72% de las comunidades de propietarios manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de que se destinen viviendas del edificio a uso turístico.

El 61% de los administradores de fincas asegura haber sufrido casos de ocupación ilegal y uno de cada tres admite haber tenido conflictos en la comunidad con las viviendas de uso turístico. Así se desprende del informe “Ocupación ilegal y viviendas de uso turístico” elaborado por la aseguradora Mutua de Propietarios con la colaboración del Consejo General del Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que ha analizado los problemas más graves que afectan a sus colegiados a la hora de gestionar fincas.

“En Mutua de Propietarios somos especialistas en la protección de la funcionalidad de las propiedades inmobiliarias y, por eso, nos parece fundamental profundizar en las preocupaciones de los administradores de fincas colegiados y de las comunidades de propietarios ante asuntos de gran actualidad como son los pisos turísticos y la ocupación ilegal”, explica César Crespo, subdirector General de Negocio de Mutua de Propietarios.

De acuerdo con el informe, los ruidos (76%) y la falta de respeto a las normas de convivencia (66%) son los dos principales elementos de queja que tienen los propietarios sobre las viviendas de uso turístico. Suciedad, inseguridad y actos vandálicos les siguen también como elementos negativos de la presencia de este tipo de viviendas en las comunidades.

Por estos motivos, un 72% de los propietarios de las comunidades de propietarios manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de que se destinen viviendas del edificio a uso turístico, de acuerdo con la opinión de los administradores de fincas colegiados.

Sin embargo, los propietarios de las viviendas destinadas al uso turístico lo tienen claro: el 84% considera que es mucho o bastante más rentable que el alquiler tradicional. Además, sus defensores destacan la seguridad del cobro de los alquileres de viviendas de uso turístico frente a los alquileres tradicionales. En concreto, un 75% lo consideran mucho o bastante más seguro. “Es un hecho que los propietarios prefieren el alquiler turístico no solo por ser más rentable, sino por ser más seguro al no verse expuesto el arrendador al drama de los impagos que se producen en viviendas de uso residencial destinadas al alquiler y a las cargas inherentes a cualquier reclamación judicial en esta materia -plazos y costes, fundamentalmente-“, asegura Salvador Díez Lloris, presidente del CGCAFE.

En este aspecto, aunque los administradores de fincas colegiados consideran positiva la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que establece un acuerdo de las 3/5 partes, para poder limitar o condicionar la actividad de los pisos turísticos, y la posibilidad exigir a los titulares de estas viviendas una mayor contribución económica en los gastos generales del edificio, lamentan que se haya perdido “una nueva oportunidad de regular los pisos turísticos como una actividad económica, con unos requisitos más exigentes para ejercer esta actividad y con una regulación más homogénea en todo el país que termine con las contradictorias y dispares regulaciones de viviendas de uso turístico en las diferentes comunidades autónomas”, afirma el presidente de CGCAFE.

Ocupación Ilegal

El informe de Mutua de Propietarios desvela que 6 de cada 10 consultados aseguran haber tenido casos de ocupación ilegal en las fincas que administran.

Sobre las medidas para evitar esta práctica, 9 de cada 10 Administradores de Fincas colegiados consultados consideran que la “agilización procesal” sería una medida eficaz para evitar la ocupación ilegal, seguida de los “servicios policiales” y la “colaboración municipal”, con un 60% y un 44%, respectivamente. “En necesario buscar soluciones al problema directo de la ocupación para que el desalojo se produzca de forma rápida y eficaz, lo que contribuiría a la disminución de la ocupación ilegal de viviendas”, señala el presidente de CGCAFE.

Y es que, además de las consecuencias morales y económicas que supone para el titular afectado, los administradores de fincas colegiados denuncian que los propietarios del edificio se encuentran desamparados, promoviéndose el negocio ilegal, “ya que facilita que las mafias busquen resquicios policiales y judiciales que les permitan la ocupación ilegal indiscriminada de pisos e inmuebles cediéndolos a aquellos mediante un precio y, al mismo tiempo, se permite el chantaje a los propietarios para que paguen una cantidad determinada para recuperar libre su propiedad”, explica Salvador Díaz Lloris.

En este aspecto, César Crespo añade otro argumento vinculado a la seguridad: “La ocupación va habitualmente acompañada de actos de vandalismo – por ejemplo, conexiones eléctricas y de servicios fraudulentas y sin control técnico- que repercuten en un significativo incremento de los riesgos para las personas que habitan los inmuebles. De hecho, en Mutua de Propietarios hemos tenido que hacer frente a varios incendios provocados por esta causa en edificios ocupados ilegalmente siendo, por tanto, urgente un paquete de medidas globales que aborden el problema”.