La Junta de Personal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, compuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y el sindicato CSIF, denuncian que el alcalde, su equipo de gobierno y, especialmente, el concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales, llevan a cabo una política “deficitaria, hostil y sectaria” que evidencia su “total desidia” hacia la Policía Local de Puerto de la Cruz y el “desprecio” por la seguridad, el servicio público y, por tanto, la ciudadanía.
Esta situación de abandono que sufre el colectivo, afirma la Junta de Personal, se comprueba con la falta de medios en toda su dimensión. Tal es así que sus “exiguas, viejas y temerarias instalaciones” constituyen un sistema de inseguridad colectiva. Señalan que el parque móvil no existe, “son una chatarra”, se carece de furgón de atestados que lleva en el taller más de dos meses, el resto de vehículos, que son sólo tres con más de quince años de antigüedad, están normalmente en el taller, y una vez reparados y puestos en circulación presentan muchas deficiencias. El único vehículo patrulla que se encontraba operativo con mampara para asegurar el traslado de detenidos se averió el pasado martes.
Asimismo, denuncian que el detector de drogas que el consistorio adquirió recientemente está guardado e inutilizado en un cuarto de la Jefatura, es decir, “dinero público cerrado bajo llave”. Es el mismo caso que el de los dos etilómetros, que están fuera de servicio por carecer de certificado de verificación. A esta realidad se suma el hecho de que la plantilla se encuentra mermada, con sólo 40 agentes realizando servicio en la vía pública, por lo que se tienen que distribuir en los diferentes turnos para cubrir las 24 horas del día durante los 365 días del año. Esto se traduce en una disminución notable en cada turno de trabajo, pues el resto de los agentes trabajan en la unidad administrativa o prestando servicio en segunda actividad. Así, la cadena de mandos en los grupos operativos no existe porque los oficiales deben realizar, en fraude de ley, las funciones de subinspector. Esta situación se agrava cuando la media de los agentes es de 53 años de edad. Conforme a la ratio legal de población faltan actualmente 25 agentes, cuyo déficit se incrementará en un futuro inmediato cuando entre en vigor la Ley de Jubilación anticipada de Policías Locales.
La Junta de Personal señala que la previsión en materia de seguridad para el reemplazo de agentes no existe, dado que la última oferta de empleo público fue en el año 2010. La Administración deliberadamente la dejó caducar suprimiendo 18 vacantes de Policías Locales de ese año, en detrimento de la seguridad ciudadana y el orden público.
A esta “descabezada” situación, dice la Junta de Personal, se añade el comunicado de la Subdelegación del Gobierno en Canarias advirtiendo que la Policía Local debe extremar las medidas y recomendaciones de autoprotección ante posibles ataques terroristas, “ignorando que los compañeros de la Policía Local no pueden adoptar medidas, dado que los responsables políticos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz han desangrado imprudentemente las instalaciones, medios materiales y humanos de la Policía Local”.
Los sindicatos consideran que es más que necesaria una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales en Canarias, que la actual tiene más de 20 años y esta totalmente desfasada, y la actualización de esta se hace cuanto menos urgente para acabar con esta descoordinación y falta de implicación de los políticos en materia de seguridad, ya que los Alcaldes y concejales, buscan politizar constantemente la policía local, subrayan los sindicatos, y el Parlamento de Canarias, órgano legislador debe acabar con estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
