El próximo viernes 23 de noviembre, está previsto una nueva reunión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, con el objetivo de fijar una fecha definitiva para la firma del Convenio de Carreteras, que contempla una inversión en Canarias de 2.000 millones de euros para los próximos ocho años. Es incomprensible que todavía sigamos sin tener fijada la fecha para la rúbrica y no haya un compromiso serio al respecto por parte de la administración central. FEPECO solicita a los dirigentes socialistas canarios, que trasladen al Gobierno de Pedro Sánchez, la exigencia perentoria de contar cuanto antes, con ese instrumento imprescindible para empezar a ejecutar las obras de carreteras, que son claves para el crecimiento económico y desarrollo social de Canarias. Si no se llega a refrendar el Convenio antes del 30 de noviembre, sería el fracaso de la clase política y especialmente de los que desde Madrid no comprenden nuestra realidad archipelágica o nos tratan con desprecio y abandono.
Desde FEPECO insistimos que los hechos demuestran que desde la centralidad gobernativa no se entiende a Canarias y se la discrimina en relación a otros territorios del Estado, especialmente en cuanto a la dotación de infraestructuras básicas en el Archipiélago. El tiempo que se está perdiendo para la firma del Convenio de Carreteras y como consecuencia en la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para empezar las obras, perjudica no sólo a nuestra economía, sino principalmente al bienestar de la ciudadanía.
Para un territorio insular, las carreteras son el medio imprescindible y único para vertebrar el territorio, cohesionar la sociedad y reactivar la actividad económica que lleva implícito la creación de empleo; no hay alternativas viables por nuestra misma realidad física, por lo que el Gobierno Central tiene que tener la sensibilidad suficiente para entender la importancia de las carreteras en una superficie limitada como nuestras islas.
En este momento, no hay ningún impedimento ni presupuestario, ni jurídico, ni técnico que justifique la demora de la firma del Convenio de Carreteras, a no ser por estrategias políticas y eso sería una falta total de responsabilidad pública. Canarias tiene derecho a contar con un instrumento válido y estable, que regule sus relaciones con el Estado en cuanto a las infraestructuras viarias, que son básicas para el crecimiento económico y desarrollo social. No se está mendigando nada, sino pidiendo lo que nos corresponde en justicia y derecho. Sólo pedimos para nuestra tierra el mismo compromiso que el que presenta el Gobierno Central con el resto de las comunidades autónomas y obtener en las inversiones de carreteras lo que se necesita, demanda nuestra economía y pueda servir para saldar la deuda histórica que el Estado tiene con Canarias, en cuanto a inversiones en infraestructuras, principalmente viarias. Es el momento de mojarse por Canarias, pasar a los hechos y materializar lo comprometido y además prometido.
