Miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife (USECIC) y el Equipo ROCA, han intensificado las labores de inspección en comercios y puntos de venta en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estas acciones son parte de su actividad habitual durante la campaña de recolección de aguacates en explotaciones agrícolas y ganaderas.
El objetivo principal de estas inspecciones es prevenir el robo y posterior venta ilegal de frutas y verduras procedentes de fincas agrícolas y ganaderas. Esto se realiza para garantizar la salud pública, evitando que la fruta o verdura sustraída no haya pasado los controles fitosanitarios necesarios.
Como resultado de estas inspecciones realizadas en Güímar, San Miguel de Abona, Tacoronte, La Matanza y Los Realejos, los agentes del SEPRONA han incautado 161.5 kg de aguacates y 45 kg de papayas de presunta procedencia ilegal. Los propietarios de estos productos carecían de la documentación necesaria para demostrar su legalidad y trazabilidad, lo que representa un riesgo para la salud al tratarse de una venta ilegal.
Según los hechos mencionados, los agentes han notificado a los propietarios diversas denuncias por violar la Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. Estas infracciones, clasificadas como leves y graves en los artículos 50 y 51, se deben a la falta de etiquetado en la fruta intervenida y a la ausencia de documentación que garantice la trazabilidad del producto comercializado, poniendo en riesgo la salud de los consumidores (controles sanitarios).
El artículo 54.1 de dicha ley establece las sanciones para estas infracciones: Las infracciones leves pueden acarrear un apercibimiento o una multa de hasta 4.000 euros. Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas que van desde 4.001 hasta 150.000 euros, mientras que las infracciones muy graves pueden resultar en multas que oscilan entre 150.001 y 3.000.000 de euros. En casos de incumplimiento de obligaciones económicas destinadas a la financiación del órgano de gestión, el monto de las multas mencionadas anteriormente se puede incrementar hasta el 30 por ciento del valor del impago.
