El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado su preocupación formal ante la falta de información y coordinación por parte del Gobierno de España respecto al traslado hacia Canarias del crucero ‘MV Hondius’ con posibles casos de hantavirus. Desde la administración local advierten que esta medida impuesta por el Estado está generando incertidumbre tanto en las instituciones como en la ciudadanía tinerfeña.
Dudas sobre la viabilidad sanitaria y operativa
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, ha alertado sobre la inquietud social derivada de la ausencia de datos sobre la situación médica real a bordo del buque, así como por la falta de comunicación institucional. “Yo tengo que decir que la gente no está tranquila, sobre todo porque hay falta de información”, afirmó el regidor.
Desde un punto de vista operativo, Bermúdez ha planteado serias dudas sobre la ruta elegida para gestionar la crisis. El primer edil subraya que “no tiene ningún sentido que el barco venga a las Islas Canarias porque entre Cabo Verde y las Islas Canarias hay tres días de travesía y a una supuesta persona contagiada o con posible contagio se les hace pasar tres días de barco para llegar a las Islas Canarias”.
El alcalde cuestiona que la alternativa seleccionada sea la más adecuada para garantizar una atención rápida y eficaz, indicando que el traslado requiere una justificación oficial: “Eso hay alguien que lo tendrá que explicar, si eso tiene algún sentido o lo más lógico sería desembarcarlo en el Aeropuerto Internacional de Praia con destino a su país, donde mejor se pueda atender a esas personas”.
En este sentido, Bermúdez insiste en que las infraestructuras de Cabo Verde son plenamente funcionales y ofrecen “las mismas posibilidades que Canarias, para simplemente trasladar al Aeropuerto Internacional de Praia a esas personas”. Según la perspectiva municipal, esta opción evitaría prolongar la estancia a bordo de los afectados durante la travesía hacia Santa Cruz de Tenerife, permitiendo que sean derivados y atendidos de manera mucho más rápida en sus respectivos países, previsiblemente dentro de la Unión Europea. “Lo que no parece tener mucho sentido común es que un barco que tiene a personas que a lo mejor necesitan atención médica se les haga pasar por tres días de travesía”, sentenció.
Modificación de criterios y falta de transparencia
Otro de los focos de crítica por parte del consistorio capitalino es el procedimiento adoptado por el Ejecutivo central para tomar la decisión. Bermúdez sostiene que la resolución no se fundamenta puramente en bases médicas. “Creo que esta decisión no se ha tomado con criterios técnico-sanitarios, porque hubo una reunión entre técnicos y sanitarios para tomar unas medidas y posteriormente fueron cambiadas por el Gobierno de España”, aseveró.
La incomunicación entre el Estado y las administraciones canarias ha agravado el escenario. El alcalde ha denunciado que ni el consistorio ni el Gobierno de Canarias cuentan con datos concretos, subrayando que “yo no tengo ningún tipo de información del Gobierno de España y también lo ha comentado el presidente del Gobierno de Canarias”. Ante esta coyuntura, Bermúdez ha expresado sus reservas sobre la gestión gubernamental: “Tengo la impresión de que aquí no se está diciendo, no se está haciendo todo lo transparente que el Gobierno de España debería ser con los tinerfeños y canarios”.
Exigencia de coordinación institucional
La corporación municipal ha reiterado que Canarias mantiene un histórico de responsabilidad y solidaridad ante distintas emergencias, pero recalca que cualquier intervención de este calibre debe estar siempre sustentada en criterios técnicos definidos, información íntegra y una coordinación efectiva entre las administraciones implicadas.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife señalan que, actualmente, no consta una situación de emergencia que obligue ineludiblemente al traslado del buque hacia las islas, teniendo en cuenta que el barco se encontraba en las proximidades de Cabo Verde, donde existen alternativas logísticas viables para proceder a la evacuación o atención médica sin dilatar la estancia de los pasajeros a bordo.
Por todos estos motivos, la institución local insta formalmente al Gobierno de España a proporcionar una mayor claridad informativa, a recuperar los parámetros técnicos planteados de manera inicial y a establecer una coordinación real y transparente con las autoridades autonómicas. El objetivo final, recalcan, debe ser garantizar una respuesta sanitaria segura, eficaz y basada en el sentido común.






