El Cabildo de Tenerife ha solicitado al Ministerio del Interior la retirada del decreto sobre el Registro de Viajeros por considerar que limita los derechos fundamentales de las personas.

El Pleno de la Corporación insular aprobó hoy (viernes 20) una moción en la que demanda al Gobierno de España que retire el Decreto 933/2021, argumentando que este “limita los derechos fundamentales de las personas”.

La moción señala que esta restricción de derechos se produce porque se “obliga a las personas a aportar datos de carácter reservado a empresas privadas para su almacenamiento y posterior envío a dicho Ministerio para su tratamiento, así como por los perjuicios que produce al sector turístico en cuanto a su operatividad, economía y el riesgo que supone el almacenamiento y custodia para la privacidad de datos personales sensibles”.

Además, en la moción se exige al Ministerio del Interior que se cumpla la Consideración 1 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que establece que “la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental”.

El acuerdo recuerda que “el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan”.

El Cabildo ha instado al Ministerio del Interior a que, en su desarrollo legislativo, se refuercen y especifiquen los derechos de las personas interesadas, así como las obligaciones de quienes gestionan y determinan el tratamiento de los datos personales, garantizando el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los mismos.

En su acuerdo, el pleno solicita además a Interior “el cumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad, por el que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias, entendiendo por tales aquellas que infringen el principio de igualdad de trato de los administrados en la aplicación de la ley”.

Asimismo, se exige que “en su regulación, referida a la protección de las personas, a la hora de la recopilación para el tratamiento de datos personales previo consentimiento del interesado, como responsable de dicho tratamiento, debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento”.

“Para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal, sobre todo en el caso concreto en el que exista”.

Finalmente, el pleno insular remitirá este acuerdo a la Agencia Española de Protección de Datos, para que, en el marco de las funciones que le otorgan los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, promueva la modificación del Real Decreto de referencia, ya que no cumple con los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la solicitud y tratamiento de los datos requeridos de una persona que viaja.

En el acuerdo adoptado en el pleno, se recuerda que el Gobierno de España que “ha ignorado por completo los pronunciamientos sobre este decreto del Congreso y del Senado, descartando ni siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta compleja e inasumible normativa, que lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística”.

El texto acordado concluye señalando que “todo esto pone en riesgo el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que genera serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales”.