El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por la concejala Charín González, intervino el año pasado en 110 casos de desahucio dictados por los tribunales.
En estas situaciones, se generaron 77 informes de necesidad para las personas o familias vulnerables que residían en estas viviendas.
Además, se brindaron soluciones habitacionales a 85 de ellas mediante estancias en hoteles, mientras que otras 47 fueron derivadas al programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca: “Desde 2012, hemos mantenido nuestro compromiso con estas medidas antidesahucios, siendo pioneros en España”.
Charín González subraya la importancia del apoyo social a las familias con órdenes de desalojo, enfatizando que es una de las acciones más relevantes llevadas a cabo por los Servicios Sociales municipales.
Explica que la relevancia radica en los graves efectos negativos y desestructuradores que un proceso de desahucio judicial tiene en estas familias desde su inicio hasta su conclusión, y que se intentan minimizar mediante la intervención de los Servicios Sociales.
“Desde el momento en que se tiene conocimiento, ya sea por solicitud de la familia, activación del Protocolo Antidesahucio o el propio juzgado, se brinda orientación, información y asesoramiento a las familias afectadas,” añade González.
Además, advierte sobre los plazos aproximados del procedimiento, la necesidad de contar con representación y asesoramiento legal para negociar con el propietario de la vivienda con el fin de evitar el desahucio, o bien, sobre alternativas de alojamiento en caso de producirse el lanzamiento.
Según se informa desde el IMAS, se prioriza principalmente la búsqueda de otra vivienda en alquiler para las familias afectadas.
En caso necesario, estas familias pueden acceder a prestaciones económicas para vivienda de hasta 3.000 euros al año, además de recibir apoyo para intermediación inmobiliaria y fianza a través de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) proporcionadas por el Ayuntamiento.
Por otro lado, se destaca que, como opción de alojamiento para las familias en situación de vulnerabilidad que enfrentan el desalojo y no han conseguido encontrar una vivienda de alquiler o no tienen la posibilidad de realojarse en su entorno cercano, los Servicios Sociales disponen de una red de viviendas compartidas en colaboración con entidades del Tercer Sector como Cáritas, Nuevo Futuro, Provivienda, entre otras, explica Charín González.
Estas alternativas, según la responsable del IMAS, están dirigidas tanto a madres solteras con hijos a su cargo (familias monoparentales) como a familias que cuentan con la presencia de un padre u otra figura masculina.
Además, se menciona la existencia de viviendas unifamiliares a través del programa Provivienda y la red de viviendas de segunda adjudicación de Viviendas Municipales del Ayuntamiento, sumándose como otra posibilidad para estas familias en situación de vulnerabilidad.
Es importante tener en cuenta que las plazas de alojamiento en pensiones y hoteles del municipio representan una opción habitacional temporal y urgente.
Estas plazas son utilizadas en momentos en los que los pisos de emergencia están ocupados al máximo y las familias necesitan un lugar donde residir mientras esperan ser derivadas a dichos pisos.
Para las personas adultas que viven solas, se ofrecen plazas tanto en el Centro Municipal de Acogida como en el Centro de Mínima Exigencia.
Además, durante el proceso judicial, los juzgados solicitan a los Servicios Sociales informes de vulnerabilidad.
Estos informes se utilizan, en ciertos casos, para detener o retrasar el desalojo, proporcionando así más tiempo a las familias afectadas para buscar un alojamiento alternativo.
Esta medida busca brindar un espacio de reflexión y búsqueda de soluciones habitacionales más estables antes de ejecutar el lanzamiento de la vivienda.
“Es crucial destacar,” afirma González, “que en este proceso existe una estrecha coordinación con la Comisión Judicial encargada de llevar a cabo los desalojos. Esto facilita una comunicación directa con dicha Comisión, permitiendo actuar, cuando es necesario, días antes o en el momento mismo del desalojo, con el objetivo de minimizar los efectos más perjudiciales y estresantes del desahucio”.
Confirma que esto es especialmente relevante cuando hay personas mayores, personas con discapacidad o menores de edad en la unidad familiar afectada.
Por último, desde el IMAS se informa que la coordinación con el programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias es otra de las áreas de trabajo prioritarias.
Esta colaboración tiene como fin asegurar que el Instituto Canario envíe el informe de vulnerabilidad correspondiente y contribuir a la búsqueda de viviendas públicas para las familias afectadas en cualquier parte de la isla donde estén disponibles.
