Este miércoles, Jéssica de León, Consejera de Turismo y Empleo, junto con Miguel Ángel Rodríguez, Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, presentaron el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
De León destacó que los ayuntamientos serán los encargados de establecer los límites, ejerciendo sus competencias urbanísticas. Enfatizó que “no se trata de prohibir y sí de planificar y ordenar”. Añadió que “solo podrá haber vivienda vacacional cuando el planeamiento urbanístico diga que puede haberlo”.
La consejera subrayó que “con la nueva ley una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico”. Indicó que esto supone un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos.
De León explicó que “esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional”.
La nueva norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%.
La Consejería proporcionará herramientas a los ayuntamientos para adecuar su normativa urbanística y delimitar dónde quieren esas viviendas.
El Gobierno de Canarias pondrá a disposición de las corporaciones locales el Cuadro de Mandos de la Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permite consultar en tiempo real y de forma georreferenciada la evolución de esta modalidad alojativa. Además, De León señaló que “se estudia y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía telemática, con el fin de coordinar la información, la inspección y el control de la actividad”.
Por su parte, Rodríguez apuntó que “cuando los ayuntamientos no hayan especializado los usos no podrá haber vivienda vacacional”. Agregó que “será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado; será imprescindible también argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad”.
Rodríguez resaltó que “si la administración local permanece cinco años sin efectuar actuación alguna, se aplicará subsidiariamente unas normas que emanan del anteproyecto de ley del Gobierno autonómico, como ocurre en ciudades como Donosti o Madrid”.
Las viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad. Así mismo, el texto normativo incluye que las viviendas de nueva construcción deberán destinarse como mínimo diez años a un uso residencial, antes de solicitar su comercialización como vivienda vacacional.
Rodríguez afirmó que el inicio de la actividad requerirá la presentación de una declaración responsable, acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada y una cédula urbanística. Además, las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública (VPO) no podrán ser utilizadas con fines turísticos.
Desde este miércoles, el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se somete a un trámite conjunto de audiencia e información pública. Este puede ser consultado en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y estará disponible durante veinte días hábiles, hasta el próximo 2 de mayo.
