El Grupo Parlamentario Popular ha logrado dar un paso firme y adelante en favor de los mayores de Canarias al haberse aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara regional la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por la diputada María Saavedra sobre la alfabetización digital para personas mayores.

Con este avance necesario en el Parlamento de Canarias, el PP asegura que se confirma su papel transformador en la generación más longeva y demuestra su preocupación por mejorar la calidad de vida de los mayores en las islas.

“Esta propuesta, con aportaciones de los grupos nacionalista y socialista, nace del sentido común y del corazón. Una iniciativa que no habla solo de tecnología, sino de personas. De nuestros mayores”, declaró en su exposición en el Parlamento de Canarias María Saavedra.

“De esa generación que levantó nuestras islas con esfuerzo, con trabajo silencioso y que, ahora, en muchos casos, se siente fuera de un mundo que ha cambiado demasiado rápido”, agregó.

La diputada por Fuerteventura recordó que muchas personas de esta generación “no saben pedir una cita médica por Internet, no pueden acceder a su banco sin ayuda y se sienten incapaces de hacer una simple gestión online. Y lo más doloroso: que muchas de ellas creen que el problema son ellas mismas, que ya no sirven y eso no es justo, porque no es culpa suya. Es que como sociedad les estamos fallando”.

Por ello, Saavedra señaló que “les estamos dejando solos ante una digitalización que, si no es inclusiva, es excluyente”.

Alfabetización para mayores

La Proposición No de Ley aprobada por unanimidad este miércoles insta al Gobierno de Canarias a que impulse un plan específico de alfabetización digital para personas mayores, pensado para ellos, adaptado a su ritmo, con cercanía y con paciencia. Que no les enseñe a programar, sino a manejar lo básico de su día a día: pedir una cita, usar su móvil, consultar una receta, hablar con la administración.

“Sabemos que el Gobierno de Canarias ya ha dado pasos importantes en esta materia, y quiero reconocerlo”, aclaró Saavedra. “Todo eso es importante. Pero no llega a todos los rincones. Y no lo digo como crítica, sino como realidad. Porque en pueblos pequeños, en zonas rurales, en islas como Fuerteventura —mi isla—, donde la gente mayor vive dispersa, esa brecha digital es más profunda, más silenciosa y más dura”, añadió la diputada popular.

Con esta PNL, el Grupo Parlamentario Popular quiere ir un paso más allá. Crear puntos de apoyo digital permanentes o itinerantes en todos los municipios, hacerlo en colaboración con quienes ya están cerca: ayuntamientos, asociaciones vecinales, centros de mayores, ONGs, y, sobre todo, hacerlo accesible, práctico y adaptado, no con grandes recursos, sino con voluntad, coordinación y empatía.

“Porque esto no va solo de enseñar a usar un móvil. Va de devolver a nuestros mayores su autonomía, su dignidad y su autoestima. Va de que no dependan siempre de alguien para hacer lo más básico. Va de que no se sientan una carga, sino parte activa de esta sociedad que tanto les debe. Esta propuesta no va de política. Va de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos… nuestras vecinas. Va de devolver un poco de lo mucho que nos han dado”, expresó Saavedra, antes de concluir. “Porque garantizar la alfabetización digital de nuestros mayores es también justicia social. Y porque en una sociedad que presume de avanzar, nadie puede quedarse atrás”.

El portavoz de Energía del Grupo Popular en el Congreso y diputado por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha anunciado la presentación de una proposición de ley en la Cámara Alta que garantice “las inversiones que nuestras Islas y el resto del País necesitan en materia de energía” y que se llevará a cabo en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Mariscal realizó estas declaraciones tras la votación del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, que, a pesar de incluir disposiciones dirigidas al Archipiélago, “el texto no ofrece garantías reales ni soluciones responsables a los problemas del sistema energético”, indicó.

El diputado del PP por Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha señalado que “el decreto no solo carece de autocrítica y responsabilidad por el reciente apagón eléctrico general, sino que además valida un modelo energético que supondrá un enorme sobrecoste para las familias y empresas. Lo que pretende el Gobierno es trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su mala gestión y falta de planificación”.

Por otra parte, el portavoz del PP subrayó que “el fracaso del decreto antiapagones del Gobierno de Sánchez obedece, principalmente, a la falta de apoyo de sus socios, y denunció la práctica habitual del Ejecutivo de “meter en cada real decreto mil cosas, con lo que ello significa”.

En este sentido, Mariscal afirmó que “desde el PP vamos a separar lo que entendemos que es importante y realizaremos una propuesta que recoja medidas centradas en Canarias”.

Mariscal reafirma el compromiso de su partido con el refuerzo del sistema eléctrico en las Islas, pero exige que se haga “con planificación y consenso, no con improvisación y opacidad” y recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó varias disposiciones adicionales al Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, relativas a la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico en los territorios no peninsulares, especialmente en Canarias, “a pesar de su urgencia y fundamento técnico”.

“Estas propuestas – continuó- tenían como único objetivo reforzar la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas aislados de los territorios no peninsulares, especialmente en Canarias, que actualmente se encuentra bajo una situación declarada de emergencia energética”.

“En plena emergencia energética, con informes del operador del sistema alertando de déficits de capacidad, es incomprensible que el Gobierno se niegue a actualizar una normativa que ni siquiera contempla el almacenamiento como herramienta operativa”, ha afirmado el diputado del PP.

El almacenamiento en situaciones de emergencia para garantizar el suministro y disminuir riesgos operativos —añadió Mariscal— “proporciona potencia firme, modulación de carga, servicios de ajuste y estabilidad a la red, especialmente en sistemas aislados como el canario. Su exclusión es un error técnico y político que pone en riesgo la seguridad energética del Archipiélago.”

La segunda disposición adicional rechazada planteaba permitir que, en situaciones excepcionales, y mediante acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma afectada, el operador del sistema pudiera aplicar criterios reforzados de operación para prevenir riesgos sobre el suministro eléctrico.

“Lo que propusimos es sentido común: respaldo normativo para que el operador pueda anticiparse ante situaciones críticas y actuar con coordinación entre administraciones. Que el Gobierno lo haya rechazado demuestra una preocupante falta de compromiso con la seguridad energética en Canarias”, ha denunciado Mariscal.

El PP ha anunciado que “no renuncia a estas reformas, y que ambas disposiciones se incorporarán a la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular ya prepara para garantizar la estabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico en Canarias y en el resto de España”.

“Seguiremos trabajando desde la responsabilidad. No vamos a permitir que la seguridad energética de Canarias dependa de decisiones políticas cortoplacistas. Proteger a las Islas ante un riesgo real de colapso energético no es opcional, es urgente”, concluyó.

El Grupo Parlamentario Popular ha alertado en el pleno del Parlamento de Canarias de este martes que, aunque las cifras de criminalidad global han descendido ligeramente en el primer trimestre del año, los delitos más graves se han disparado en el mismo periodo.

Así, la diputada por Gran Canaria, Mónica Muñoz, señaló -según cifras del Ministerio del Interior- que los homicidios consumados ascendieron un 400% (de 2 a 10), los homicidios en modo de tentativa un 87,5% (de 8 a 15) y las violaciones en un 11,1% (de 54 a 60).

“Asistimos con preocupación a una pérdida progresiva del control institucional sobre la seguridad en determinados entornos del Archipiélago, donde el Gobierno de España parece haber cedido terreno en el ejercicio exclusivo de las fuerzas legítimas debilitando los principios básicos del estado de derecho”, contextualizó Muñoz.

Además, apuntó que a esta situación crítica se suma un problema estructural: la alarmante escasez de agentes desplegados en las islas, especialmente en un contexto exponencial del turismo. “Según alerta la FECAI y los principales sindicatos policiales no se está dimensionado adecuadamente el refuerzo efectivo que exige una comunidad autónoma que ha batido su récord turístico, superando los 16 millones de visitantes”, trasladó la diputada popular.

“Una sobrecarga evidente que recae sobre plantillas ya mermadas, generando zonas de saturación, aumento de conflictividad y mayor exposición al delito”, agregó.

Ante este panorama, “el Gobierno de España no hace absolutamente nada y, con Marlaska a la cabeza, parece más interesado en someter a control político a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en dotarla con los recursos técnicos y necesarios para hacer frente con eficacia a las nuevas formas de criminalidad”.

En este sentido, Mónica Muñoz espetó al Gobierno de España que “la prioridad no está en reforzar la seguridad ciudadana, sino en blindarse políticamente, aunque sea a costa de debilitar las capacidades operativas de quienes velan por nuestra seguridad”.

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