El Consejo General de Enfermería (CGE), organismo que ordena y representa a más de 353.000 profesionales en España, ha solicitado de forma perentoria al Gobierno y a todas las formaciones políticas la modificación de la legislación vigente. El objetivo de esta demanda es frenar las recientes sentencias judiciales que prohíben a los profesionales de la enfermería acceder a puestos de alta dirección.
La corporación atribuye esta problemática a lo que consideran una clasificación injusta dentro de la Administración: permanecer en el Grupo A2 cuando, sostienen, su nivel de formación académica les otorga el derecho a estar integrados en el Grupo A1, capacitándolos para ejercer cargos para los que ya cuentan con competencias acreditadas.
El detonante: la resolución judicial en el Centro de Salud de Sa Torre
Esta reactivación de la denuncia institucional se produce a raíz de un reciente varapalo judicial en las Islas Baleares. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha procedido a anular una resolución autonómica, fechada en septiembre de 2019, mediante la cual se había oficializado el nombramiento de una enfermera como directora de la Zona Básica de Salud del Centro de Salud de Sa Torre, situado en la isla de Mallorca.
El recurso que derivó en esta anulación judicial basaba su argumentación en la supuesta irregularidad de haber abierto dicha convocatoria directiva al personal de enfermería, clasificado como personal del grupo A2. En su análisis del caso, la Sala aplicó el criterio de “superior dirección del médico” durante el proceso de atención integral sobre la salud del paciente. Este argumento jurídico se sostuvo a partir de los conceptos legales de médico responsable y la gestión de la historia clínica.
En consecuencia, el Tribunal dictaminó que la posibilidad de que el personal del subgrupo A2 alcance la dirección de una zona básica de salud entra en abierta contradicción con el marco normativo autonómico. Según el fallo, teniendo en cuenta las amplias competencias atribuidas al cargo de director, no resulta razonable jurídicamente que dicha responsabilidad recaiga sobre un profesional que carezca de la condición de facultativo médico.
Denuncia de la profesión frente a los tribunales
La resolución ha generado un profundo malestar en la cúpula de la enfermería española. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha mostrado su rechazo categórico ante los dictámenes que apartan a la profesión de la primera línea de gestión. “Estamos asistiendo a una de las mayores injusticias que se han perpetrado en el Sistema Nacional de Salud y desde el Consejo General no podemos seguir permitiéndolo más. Los enfermeros y enfermeras estamos sobradamente preparados para dirigir un hospital o un centro de salud y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones”, ha afirmado de forma tajante el representante institucional.
Pérez Raya también ha advertido del impacto que tiene este goteo de sentencias en la convivencia entre profesionales del ámbito clínico, lamentando que “esta sentencia de Baleares vuelve a abrir viejas heridas que deberían estar superadas”. Para el presidente del CGE, la realidad del sistema sanitario español contradice los argumentos esgrimidos en las salas de justicia. “Existen gerentes de hospitales, centros de salud, residencias en todo el país que son enfermeros. Pero voy más allá, también tenemos directores generales, consejeros de salud autonómicos, diputados, senadores… que han demostrado y demuestran diariamente su valía y hacen un trabajo excelente. Es inadmisible que profesiones hermanas sigan denunciando a los tribunales cada vez que una enfermera ocupa un puesto de responsabilidad”, ha subrayado.
Hacia un modelo basado en méritos organizativos y precedentes legales
Con el fin de evitar que se repitan episodios similares, el CGE ha manifestado su apoyo público al posicionamiento adoptado recientemente por el Colegio de Enfermería de Islas Baleares. Ambas instituciones plantean la necesidad ineludible de evolucionar hacia un modelo en el que el acceso a los distintos niveles directivos del sistema sanitario se realice atendiendo estrictamente a los méritos de los candidatos, sus competencias profesionales y su formación específica en áreas de gestión. De este modo, se evitaría el carácter excluyente que impone actualmente la titulación de origen.
Para materializar este cambio de paradigma, Pérez Raya ha interpelado directamente al poder legislativo: “Es momento de actuar y por eso pedimos a todos los grupos políticos a que se sumen a la iniciativa de modificación de la legislación que limita y discriminar a las enfermeras, y de una vez se haga justicia para reconocer la experiencia, formación y competencia de las enfermeras gestoras posicionadas al máximo nivel organizativo que el resto de las profesiones con nuestra misma formación académica”.
Finalmente, el Consejo General de Enfermería ha recordado que la sentencia emitida en Mallorca no es un hecho aislado dentro de la jurisprudencia reciente, citando precedentes que marcan una tendencia preocupante para el colectivo. Hace tan solo unos meses, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una resolución similar en Extremadura. En dicho procedimiento, el Alto Tribunal anuló una parte sustancial del Decreto 47/2023, de 10 de mayo, normativo que aprobaba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura, motivando su fallo, precisamente, en el hecho de que el reglamento permitía a los profesionales del grupo A2 dirigir zonas de salud.
